Etiquetado: derechos culturales
Ahora sí empieza el debate
Luego de que el gobierno retirara de la rendición de cuentas el artículo 218, que buscaba extender el plazo de derechos de autor de 50 a 70 años post-mortem, ahora se coloca sobre la mesa la posibilidad de generar un amplio debate sobre el acceso a la cultura.
El Ministerio de Educación y Cultura a través de la Comisión del Bicentenario está impulsando las conferencias ciudadanas Sumar. En la primera edición, que se desarrollará entre el 7 y 9 de noviembre, se abordarán los temas de derechos de autor y acceso a la cultura. La iniciativa se enmarca en el compromiso asumido por dicho Ministerio dos meses atrás en medio de la intensa y exitosa campaña que promovió la remoción del mencionado artículo.
¿Cómo funciona una conferencia ciudadana?
1) En primer lugar, un panel de expertos aporta, desde distintas miradas y disciplinas, información relevante sobre las distintas aristas del tema a considerar y elaboran informes al respecto.
2) Luego, los expertos tienen encuentros con un panel de ciudadanos lo más diverso posible, compuesto por personas que no están vinculadas directamente a los temas abordados.
3) Estos ciudadanos procesan la información y debaten en una serie de jornadas, abiertas al público en general, tras las cuales redactan un informe propio.
4) Este informe será entregado al Parlamento y al Poder Ejecutivo para que sus recomendaciones sirvan de base para un cambio de legislación en el primer caso y de políticas públicas en el segundo.
La integración del panel ciudadano está abierta hasta el 1 de octubre, por lo que todas las personas estamos invitadas a postularnos para formar parte del mismo. Cuantas más personas se postulen, se podrá construir un panel más variado y enriquecedor, con más diversidad de voces, que es lo que hace falta para este debate. Voces que, antes del #noal218, eran siempre las mismas, dado que hasta hace poco estos temas habían sido manejados solo por técnicos o grupos de poder vinculados a la explotación comercial de los derechos de autor.
La posibilidad de un debate ciudadano evidencia que nos encontramos ante una época de cambios, en la cual el Estado está comenzando a reconocer los problemas para la sociedad y para los propios autores que presenta la ley de derechos de autor vigente, aprobada en 1937 y cuyos aspectos esenciales no han sido modificados hasta hoy. Paralelamente, el Estado está dando los primeros pasos en la liberación de contenidos generados en su propio seno: en las últimas semanas se puso en marcha la liberación de los contenidos del Bicentenario.
Por su parte, la comunidad artística y la sociedad civil demuestran que tienen la capacidad para construir propuestas sólidas, que garantizan los derechos de acceso a la cultura al tiempo que protegen a quienes trabajan en las distintas áreas del conocimiento, el arte y la cultura.
Desde el movimiento «Derecho a la cultura» esperamos que a partir de estos procesos de debate que están en marcha, surja una masa crítica de personas e ideas que impulsen la adecuación de la ley de derechos de autor, para que contemple los usos y costumbres de la sociedad y las nuevas formas de producción y distribución cultural.
El derecho a estudiar
Imagen: Copias Gratis Estudiantiles
El 5 de agosto se lanzó el programa Copias Gratis Estudiantiles, una iniciativa que busca facilitar el acceso a materiales educativos brindando 50 fotocopias e impresiones gratis por mes a cada estudiante de los liceos del país. En el lanzamiento estuvieron presentes representantes del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Desarrollo Social.
Fotocopiar e imprimir es parte de la actividad cotidiana de los estudiantes. Más allá del acceso a contenidos digitales a través de Internet, aun se siguen utilizando fotocopias de manera habitual: el papel sigue existiendo y es usado por estudiantes y docentes en las aulas y en las casas. Internet no sustituye linealmente el uso de otros medios. Por el contrario, lo que se da en la realidad es que, cuando alguien estudia más, usa simultáneamente más libros, más copias digitales y más fotocopias. Sin embargo, no todos pueden gastar lo que cuestan las copias que necesitan.
La iniciativa Copias Gratis Estudiantiles apunta a igualar las posibilidades de acceso a los materiales de estudio más allá de los recursos económicos de cada familia. En este sentido, es una buena apuesta en favor de la inclusión de los jóvenes en el sistema educativo.
Una semana después de la presentación de Copias Gratis Estudiantiles, la Cámara Uruguaya del Libro salió públicamente a pedirle explicaciones al gobierno argumentando, entre otras cosas, que “hay que promover el respeto a los derechos de autor” y que “fotocopiando libros se viola el derecho de autor”.
En relación a este asunto, desde el proyecto se informa explícitamente que no está pensado para que los alumnos fotocopien libros restringidos por derechos de autor sino apuntes de clase, ejercicios, trabajos prácticos, resúmenes y materiales cedidos por los docentes (quizás también convendría recordar que existe material educativo que es de dominio público). No podría hacer mucho más, dado que la ley uruguaya considera un ilícito penal el acceso a través de fotocopias a los materiales de estudio que tienen todos los derechos reservados. Una política pública no puede ir en contra de una ley.
No obstante, es bueno preguntarnos por qué deberíamos seguir teniendo una ley de derechos de autor que restringe el acceso a buena parte de los materiales de estudio y criminaliza a la comunidad educativa. El derecho a la educación, el acceso a la cultura, la gratuidad de éstas, la libertad de expresión, están amparados por legislaciones del más alto nivel, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las restricciones por derechos de autor en ningún caso deberían afectar estos principios generales. Desde que existen las fotocopias, estudiar con ellas ha estado entre las prácticas que se consideran socialmente aceptadas y el sentido común nos dice que debería ser legal. Si actualmente la práctica de sacar una limitada cantidad de fotocopias de libros para estudiar se considera ilegal, es porque la ley de derecho de autor de nuestro país desconoce las prácticas reales, cotidianas, necesarias y absolutamente razonables de los estudiantes y docentes. Deberíamos modificar esas leyes en lugar de cuestionar una iniciativa democratizadora alegando hipotéticos usos no autorizados del subsidio a las copias.
Este último es por cierto el punto más problemático del pedido de explicaciones de la Cámara Uruguaya del Libro. La posibilidad de que se cometa un delito no configura un delito. Si al realizar determinada fotocopia se comete una infracción al derecho de autor, como toda infracción tiene que haberse realizado primero y luego debe comprobarse. De otra manera, con el argumento de que se podrían dañar los intereses comerciales de algunas editoriales, nos estaríamos llevando por delante no solo el hecho de fotocopiar partes de libros con fines educativos, sino también otras prácticas que incluso hoy son perfectamente legales, y estaríamos atentando contra los derechos de los autores y las autoras que sí desean que su obra sea compartida.
Parecería que la Cámara del Libro defiende los intereses de quienes pretenden que la vía principal de acceso al conocimiento escrito siga en poder del circuito comercial. En ocasiones como esta, cuando entrevén un mínimo riesgo potencial a esos intereses, no temen ponerse en ridículo atacando una medida democratizadora y acusando indirectamente a estudiantes y docentes. Les cuesta aceptar una nueva realidad con prácticas sociales y educativas que escapan a la lógica de la mercancía.
Esperamos que desde el gobierno se sigan impulsando proyectos como Copias Gratis Estudiantiles y se haga frente a las presiones de diversas cámaras empresariales contra las iniciativas que promueven el acceso al conocimiento y la cultura. Desde la sociedad civil y desde la comunidad educativa y cultural estamos dispuestos a seguir avanzando en la conquista de derechos culturales.
El tratado de Marrakech: derechos humanos vs derechos de autor
Crédito de la imagen: FBU.
A fines del mes de junio de este año, en una Conferencia diplomática convocada por la OMPI, se aprobó el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras autorales para personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso en formatos como el Braille, letra grande y audiolibros.
El Tratado exige a las partes contratantes la modificación de sus legislaciones a los efectos de permitir la reproducción, la distribución y la puesta a disposición del público de obras publicadas en formato accesible sin ser necesaria la autorización de los titulares de derechos de autor. También prevé el intercambio transfronterizo libre de esas obras en formato accesible entre organizaciones autorizadas para ello como por ejemplo las bibliotecas u organizaciones que estén al servicio de las personas ciegas, con discapacidad visual o que padecen otras dificultades de acceso al texto impreso.
Queremos destacar que no estamos frente a una simple excepción al derecho de autor. Estamos frente a un hecho histórico ya que es el primer tratado sobre derechos de autor pensado para proteger a los usuarios y no para proteger los intereses económicos de sus titulares.
En Uruguay una persona con problemas de visión no solo se ve privada del acceso a las obras literarias o científicas, sino que pierde el derecho humano básico a la educación. Con los actuales medios tecnológicos un discapacitado visual puede acceder a cualquier libro a través de un simple software “lector de pantalla”. El problema es que ni las bibliotecas ni las organizaciones especializadas cuentan con la autorización para generar y proporcionar al interesado la versión digital adecuada para utilizar esta tecnología.
El Tratado de Marrakech no solo autoriza la digitalización de cualquier libro sino que autoriza a que estas versiones accesibles puedan circular e intercambiarse entre instituciones de diferentes países. Esto evitará que las instituciones dupliquen esfuerzos digitalizando las mismas obras, logrando así mayor eficiencia en la instrumentación de la accesibilidad.
El proyecto de ley de Rendición de Cuentas enviado al parlamento en el mes de julio de 2013 en su artículo 216 recoge parte de las disposiciones del Tratado de Marrakech, en lo que será el inicio de un largo camino. La instrumentación de este tratado y la efectiva tutela al derecho a la educación de los discapacitados visuales no será sencilla ya que, por tratarse de una minoría, la gestión de soluciones suele ser descuidada. Requiere del compromiso de todos los implicados en el tema, los que deberán estar informados sobre el verdadero alcance del tratado. A su vez, las bibliotecas e instituciones de enseñanza deberán solicitar la copia digital accesible de cada obra que reciban y disponer de mecanismos adecuados para su entrega a los interesados.
La presentación en Uruguay del Tratado de Marrakech tendrá lugar este miércoles 21 de agosto a las 11 hs en la Sala Maestro Julio Castro de la Biblioteca Nacional.
Hacia una agenda positiva sobre acceso a la cultura y derechos de autor
Un conjunto amplio de personas y organizaciones tuvimos la capacidad de decirle #noal218 y logramos que el artículo que habría privatizado 20 años de dominio público fuera retirado del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.
En 2003 se incluyeron sin mayor debate nuevas restricciones al acceso a la cultura en la ley de derechos de autor. Diez años después, el #noal218 demuestra que la sociedad está informada y consciente de la implicación que estas leyes tienen sobre los derechos de todxs.
En toda norma sobre derechos de autor se deben contemplar tres partes interesadas: los autores, los titulares de derechos (que no siempre coinciden con los autores) y los usuarios de cultura.
Históricamente los cambios a la ley de derechos de autor fueron impulsados por los intermediarios dedicados a la explotación de estos derechos y, en consecuencia, la ley está ajustada a la medida de sus necesidades. No es extraño, así, que la regulación se haya vuelto cada vez más restrictiva y que priorice la explotación privada de la cultura por encima de cualquier otro uso social que se pueda hacer de ella.
El freno al artículo 218 no es por fuerza un logro definitivo ni suficiente. Los intereses por privatizar la cultura siguen vivos y podrían aparecer nuevas propuestas para aumentar los plazos de restricciones por derechos de autor.
Lo importante es que el Ministerio de Educación y Cultura no solo dio marcha atrás, sino que se comprometió a propiciar un debate serio y profundo sobre los cambios verdaderos que debería tener la ley de derechos de autor.
Es necesario que desde la sociedad civil y desde los colectivos de artistas nos organicemos para frenar cualquier otro posible avance contra el derecho de acceso a la cultura, al tiempo que impulsamos el debate.
En lugar de aumentar los plazos indiscriminadamente, es prioritario discutir temas como la importancia del dominio público, la equidad en los contratos de los artistas, la actualización de las limitaciones y excepciones al derecho de autor, el reconocimiento de las prácticas de copia y remix facilitadas por las tecnologías digitales, el alcance de las sanciones por infracción al derecho de autor, el acceso a obras financiadas por el Estado y la transparencia y democratización de las entidades de gestión colectiva. (Podés ver el desarrollo de estos y otros temas aquí).
Para estimular el debate, las personas que iniciamos el movimiento #noal218 formamos un espacio de pensamiento sobre acceso a la cultura y derechos de autor. En los próximos meses publicaremos en este blog textos para discutir, informaremos a la comunidad de los avances del debate y promoveremos diversos encuentros para conversar de estos temas.
Si querés sumarte a esta movida, te invitamos a seguir el blog y comentarlo, a compartir el video con otras personas, a convocar a reuniones y eventos y a participar de las distintas instancias que se vayan generando.
Chau 218, hola debate
#chau218
Gracias a la rápida y enérgica movilización de músicos, escritores, ilustradores, actores, artistas visuales, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil tanto nacionales como internacionales, el Gobierno decidió retirar el artículo 218 de la rendición de cuentas.
Esto demostró que una modificación tan profunda a la ley de Derechos de Autor, que hubiese mantenido en manos privadas durante 20 años más la explotación de las obras de los creadores fallecidos, no podía ser concretada mediante una herramienta que exige particulares urgencias y que no permite por lo tanto un debate serio y amplio.
Más de 500 personas firmamos el petitorio en contra de la privatización de la cultura, demostrando que es importante preservar a los bienes culturales de quedar encerrados en el dominio privado durante más tiempo que el económicamente razonable.
Las regulaciones actuales no son capaces de dar respuesta a las tensiones que se generan entre los derechos de acceso a la cultura y los derechos de autor, en el marco de la expansión de las tecnologías de la información. Creemos que hay que construir las bases de nuevas regulaciones que reconozcan el cambio de paradigma tecnológico y cultural, alienten las prácticas cotidianas de creación y de acceso a la cultura, protejan a los artistas de los abusos de las corporaciones y resguarden el patrimonio cultural.
Para ello, es necesario dar un debate amplio sobre los derechos de autor y el acceso a la cultura. Un debate que incluya no solo a las entidades de gestión y a las cámaras empresariales, sino también, y sobre todo, al vasto y diverso ámbito de los creadores, a las instituciones culturales y educativas y al conjunto de los ciudadanos.
Nuestro país se merece avanzar en una agenda de derechos culturales adecuada al momento histórico que estamos viviendo.
Desde este espacio vamos a trabajar en esa construcción.
Si querés sumarte, contactate:
Derecho a la cultura 