Gracias a la rápida y enérgica movilización de músicos, escritores, ilustradores, actores, artistas visuales, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil tanto nacionales como internacionales, el Gobierno decidió retirar el artículo 218 de la rendición de cuentas.

Esto demostró que una modificación tan profunda a la ley de Derechos de Autor, que hubiese mantenido en manos privadas durante 20 años más la explotación de las obras de los creadores fallecidos, no podía ser concretada mediante una herramienta que exige particulares urgencias y que no permite por lo tanto un debate serio y amplio.

Más de 500 personas firmamos el petitorio en contra de la privatización de la cultura, demostrando que es importante preservar a los bienes culturales de quedar encerrados en el dominio privado durante más tiempo que el económicamente razonable.

Las regulaciones actuales no son capaces de dar respuesta a las tensiones que se generan entre los derechos de acceso a la cultura y los derechos de autor, en el marco de la expansión de las tecnologías de la información. Creemos que hay que construir las bases de nuevas regulaciones que reconozcan el cambio de paradigma tecnológico y cultural, alienten las prácticas cotidianas de creación y de acceso a la cultura, protejan a los artistas de los abusos de las corporaciones y resguarden el patrimonio cultural.

Para ello, es necesario dar un debate amplio sobre los derechos de autor y el acceso a la cultura. Un debate que incluya no solo a las entidades de gestión y a las cámaras empresariales, sino también, y sobre todo, al vasto y diverso ámbito de los creadores, a las instituciones culturales y educativas y al conjunto de los ciudadanos.

Nuestro país se merece avanzar en una agenda de derechos culturales adecuada al momento histórico que estamos viviendo.

Desde este espacio vamos a trabajar en esa construcción.

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