Etiquetado: Cámara Uruguaya del Libro

El derecho a estudiar es justo. Defendámoslo ahora.

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El pasado 6 de abril el proyecto de ley que incorpora limitaciones y excepciones a la ley de derechos de autor fue aprobado en la Comisión de Educación y Cultura del Senado uruguayo y está próximo a recibir media sanción en esa cámara.

El proyecto de ley beneficia a estudiantes, docentes, bibliotecólogos, investigadores y al público en general, al actualizar un capítulo de excepciones que no se modificaba desde que la ley de derechos de autor fue promulgada en 1937. Estas excepciones permiten que dejen de ser violaciones a los derechos de autor, actividades cotidianas como navegar en Internet, recibir un libro prestado en una biblioteca, o fotocopiar un fragmento de un libro para estudiar. En el caso de las infracciones a la norma que se realicen sin fines de lucro, el proyecto las quita de la órbita penal (lo cual hasta el día de hoy puede desembocar en penas de cárcel para los infractores), pasándolas al plano civil, que es donde deben ser analizadas las acciones que causan, en el peor de los casos, solo un hipotético perjuicio comercial.

Este proyecto cuenta con el más amplio apoyo popular, y lo avalan desde el movimiento estudiantil a los trabajadores del PIT-CNT, pasando por bibliotecólogos, investigadores, docentes y organizaciones sociales que militan por el acceso a la cultura.

En las últimas horas, dirigentes de AGADU han establecido contactos políticos a todo nivel para tratar de presionar buscando la eliminación del artículo que quitará del ámbito penal las infracciones al derecho de autor que se cometen sin fines de lucro y sin ánimo de generar perjuicio al autor.

Esta actitud de un puñado de dirigentes de AGADU demuestra la mezquindad de una dirigencia apartada de sus bases, que con una actitud corporativa, que no representa en absoluto el sentir de la gran masa de autores y autoras de nuestro país, apunta a mantener la inseguridad jurídica en la que toda la ciudadanía se encuentra por actividades tan comunes como realizar copias para estudiar o compartir una fotografía en las redes sociales.

Cabe recordar que en AGADU tiene derecho a voto menos del 15% de los socios, y la actual directiva fue elegida por menos del 3% de ellos. Sólo están habilitados a votar aquellos autores que pertenecen a una pequeña minoría que maneja los hilos de la institución en función de sus intereses corporativos.

La directiva de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) también ha presionado sistemáticamente para evitar que las excepciones al derecho de autor en favor de la cultura, la educación y bibliotecas se conviertan en ley. Afirman que tales excepciones destruirían la industria editorial uruguaya, sin advertir que en los más de 150 países donde ya existen excepciones para bibliotecas o en la cantidad similar de países que ya cuentan con excepciones para educación, la industria del libro funciona sin inconvenientes. El mayor peligro para los dirigentes de la Cámara del Libro no es, por cierto, el proyecto que el Parlamento se apresta a aprobar, sino su propia visión anacrónica del ecosistema del libro, que así como los lleva a protestar por las prácticas de acceso a la cultura de los usuarios en el siglo XXI, también les impide ver oportunidades de negocio que vayan más allá de los rígidos monopolios sobre las copias.

Desde el Movimiento Derecho a la Cultura afirmamos que esta reforma es justa y necesaria. Equilibra derechos que estaban brutalmente desbalanceados en favor de las corporaciones que controlan la propiedad intelectual y en contra de los derechos de los usuarios. Convocamos a la ciudadanía a manifestar su apoyo desde las barras del Senado el día de la votación, que tendrá lugar el 13 de abril desde las 9:30 hs.

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Apoyo a la reforma del derecho de autor

Desde el movimiento Derecho a la Cultura manifestamos nuestro apoyo al proyecto de ley actualmente a estudio del Senado que reforma la ley de derecho de autor para facilitar el acceso a materiales educativos y culturales.

El proyecto se origina a raíz de los allanamientos a las fotocopiadoras adyacentes a la facultad de Derecho ocurridos en octubre de 2013. En dicha oportunidad, el cierre intempestivo de las fotocopiadoras causó enormes dificultades para el acceso a materiales de estudio, poniendo de relieve que la ley de derecho de autor uruguaya es anacrónica e hiperrestrictiva. Esta ley criminaliza prácticas legítimas de acceso a la cultura y a la educación, privilegiando los derechos de las empresas intermediarias por sobre los derechos de los usuarios y los autores.

Con el respaldo de más de 10 mil firmas, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó a fines de 2013 un anteproyecto de ley para cambiar esta realidad, añadiendo excepciones al derecho de autor en beneficio del acceso a la educación y a la cultura. Tal iniciativa se convirtió en proyecto de ley en 2014, pero la cercanía con el cierre del período parlamentario y los tiempos de campaña electoral fueron factores que impidieron su aprobación en aquel momento.

Sin embargo, en julio de 2015, un grupo importante de senadores presentó nuevamente el proyecto de ley, el cual fue enviado a la Comisión de Educación y Cultura del Senado, donde hoy se encuentra. El proyecto actual habilita la copia de pequeños fragmentos de obras para fines de enseñanza, así como la copia de una obra para uso personal y las reproducciones que realizan las bibliotecas para la preservación del patrimonio cultural, entre otras cuestiones de suma importancia para garantizar que el acceso a la cultura y a la educación no sean delitos penales en nuestro país. En el mismo sentido, el proyecto elimina los castigos penales para las infracciones sin fines de lucro, dejando en el ámbito civil una cuestión que hoy absurdamente se encuentra dentro de la esfera penal.

Este proyecto de ley es sin dudas un excelente primer paso para lograr un cambio de paradigma en nuestro país, donde el libre acceso a la cultura sea la norma y no algo oculto y perseguido. Beneficia de manera directa a la comunidad educativa, a las bibliotecas y archivos, a los usuarios de la cultura y a los autores independientes de todas las disciplinas. No se trata de un proyecto ambicioso ni revolucionario; más bien, busca reconocer en Uruguay algunos derechos de los usuarios que son reconocidos en numerosas legislaciones.

Mapa de excepciones

Mapa de excepciones al derecho de autor para bibliotecas. En azul, los países que cuentan con una diversidad de excepciones. En rojo, los países que no cuentan con excepciones, entre los que se encuentra Uruguay. Fuente: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_29/sccr_29_presentations.pdf

En línea con nuestra agenda de propuestas, desde el movimiento Derecho a la Cultura apoyamos plenamente las reformas previstas en el actual proyecto de ley, si bien también creemos que es posible mejorarlo incorporándole nuevos puntos importantes, entre los cuales se encuentra el reconocimiento explícito del préstamo bibliotecario; excepciones para investigación; una disposición para poder utilizar las obras huérfanas o indisponibles; una excepción de parodia, sátira, pastiche y otros usos transformativos; y una cláusula abierta que contemple de manera general el uso justo de obras bajo derecho de autor. En síntesis, se trata de un buen proyecto, que no obstante sería deseable ampliar para potenciar su eficacia.

A pesar del evidente beneficio que el proyecto trae para toda la ciudadanía, directivos de la Cámara Uruguaya del Libro han tenido una lamentable comparecencia en la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento, donde afirmaron que el reconocimiento de excepciones al derecho de autor para educación y bibliotecas destruiría la industria del libro. Cabe preguntarse si la industria del libro ha sido destruida o si por el contrario sigue funcionando sin inconvenientes en los más de 150 países donde existen excepciones para bibliotecas o en la cantidad similar de países que ya cuentan  con excepciones para educación. Evidentemente, se trata de una falacia que habla menos del proyecto de ley que de la mezquindad de los dirigentes de dicha cámara empresarial, quienes se han opuesto sistemáticamente a cualquier avance en el derecho de acceso a la cultura de la ciudadanía.

En conclusión, solicitamos a nuestros legisladores que consideren positivamente el actual proyecto de ley de reforma del derecho de autor, que desconfíen de las advertencias apocalípticas de las cámaras empresariales y que, muy por el contrario, consideren la incorporación de nuevos puntos al proyecto para mejorar su finalidad socializante. Se trata de un proyecto progresista, que amplía los derechos culturales de toda la ciudadanía sin afectar los intereses de los autores. Por lo tanto, debe ser apoyado y convertido en ley.

Propuestas para democratizar el acceso a materiales de estudio

Ante la situación de crisis desatada en el acceso a materiales de estudio, desde el Movimiento Derecho a la Cultura consideramos que se hace imprescindible una reforma profunda de la ley de derechos de autor uruguaya, que contemple:

  • La legalización de las fotocopias con fines educativos y de investigación.
  • La legalización del acceso y la compartición sin fines de lucro de obras educativas, científicas y culturales, tanto en soportes analógicos como digitales. Esto incluye el fotocopiado en centros de copias estudiantiles, la compartición de archivos en Internet y otras soluciones sin fines de lucro para el acceso individual y comunitario a la cultura.
  • El otorgamiento de licencias para fotocopiado con fines de lucro aplicando una tarifa que sea justa, públicamente conocida y administrada de forma transparente por un ente público con control ciudadano.
  • La libre disponibilidad de todas las obras realizadas y/o financiadas por el Estado, incluyendo las instituciones educativas públicas.
  • La creación de un fondo estatal para publicaciones educativas que recompense directamente a los autores de materiales educativos mediante llamados públicos.
  • La revisión de las sanciones aplicadas a las infracciones al derecho de autor, que en la actualidad son de tipo penal, cuando en todo caso apenas se estarían afectando intereses comerciales, que son competencia del ámbito civil.

Por otro lado, creemos que es necesaria la adopción de políticas concretas para garantizar el acceso a obras culturales y educativas:

  • La digitalización de todas las obras de la Biblioteca Nacional y Bibliotecas Universitarias con fines de preservación y acceso en terminales de la Biblioteca.
  • La digitalización y difusión de las obras en Dominio Público, obras huérfanas, agotadas o no disponibles, a través de Internet.
  • La creación de un portal web de la educación uruguaya, que se ocupe de brindar acceso gratuito a las obras educativas.

Manifestamos nuestro rechazo a las propuestas que pretenden instaurar un nuevo sistema privado de recaudación de derechos de autor en base a restricciones y permisos, mecanismo que beneficiaría al sector editorial en detrimento de los autores, al tiempo que seguiría criminalizando la fotocopia y otras prácticas de acceso a la cultura. Este tipo de mecanismos ya han sido probados en el pasado con la fundación de la sociedad de recaudación A.U.T.O.R., la cual operó con notoria falta de transparencia y nulo beneficio para los autores de los textos.

Asimismo, nos sorprende que la Cámara Uruguaya del Libro se manifieste hoy preocupada por el acceso a la educación cuando, hace tan solo dos meses, condenó a través de comunicados de prensa y de fuertes presiones en el Parlamento el uso de fotocopias y, en particular, el proyecto “Copias Gratis Estudiantes” orientado a democratizar el acceso a materiales de estudio en la educación secundaria. Son estas posturas arcaicas y las denuncias penales de FCU las que han dejado hoy sin materiales educativos a miles de estudiantes.

La solución es socializar, no privatizar.
La solución es legalizar, no criminalizar.
Por el derecho a estudiar, por el derecho a la cultura.

El derecho a estudiar

El 5 de agosto se lanzó el programa Copias Gratis Estudiantiles, una iniciativa que busca facilitar el acceso a materiales educativos brindando 50 fotocopias e impresiones gratis por mes a cada estudiante de los liceos del país. En el lanzamiento estuvieron presentes representantes del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Desarrollo Social.

Fotocopiar e imprimir es parte de la actividad cotidiana de los estudiantes. Más allá del acceso a contenidos digitales a través de Internet, aun se siguen utilizando fotocopias de manera habitual: el papel sigue existiendo y es usado por estudiantes y docentes en las aulas y en las casas. Internet no sustituye linealmente el uso de otros medios. Por el contrario, lo que se da en la realidad es que, cuando alguien estudia más, usa simultáneamente más libros, más copias digitales y más fotocopias. Sin embargo, no todos pueden gastar lo que cuestan las copias que necesitan.

La iniciativa Copias Gratis Estudiantiles apunta a igualar las posibilidades de acceso a los materiales de estudio más allá de los recursos económicos de cada familia. En este sentido, es una buena apuesta en favor de la inclusión de los jóvenes en el sistema educativo.

Una semana después de la presentación de Copias Gratis Estudiantiles, la Cámara Uruguaya del Libro salió públicamente a pedirle explicaciones al gobierno argumentando, entre otras cosas, que “hay que promover el respeto a los derechos de autor” y que “fotocopiando libros se viola el derecho de autor”.

En relación a este asunto, desde el proyecto se informa explícitamente que no está pensado para que los alumnos fotocopien libros restringidos por derechos de autor sino apuntes de clase, ejercicios, trabajos prácticos, resúmenes y materiales cedidos por los docentes (quizás también convendría recordar que existe material educativo que es de dominio público). No podría hacer mucho más, dado que la ley uruguaya considera un ilícito penal el acceso a través de fotocopias a los materiales de estudio que tienen todos los derechos reservados. Una política pública no puede ir en contra de una ley.

No obstante, es bueno preguntarnos por qué deberíamos seguir teniendo una ley de derechos de autor que restringe el acceso a buena parte de los materiales de estudio y criminaliza a la comunidad educativa. El derecho a la educación, el acceso a la cultura, la gratuidad de éstas, la libertad de expresión, están amparados por legislaciones del más alto nivel, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las restricciones por derechos de autor en ningún caso deberían afectar estos principios generales. Desde que existen las fotocopias, estudiar con ellas ha estado entre las prácticas que se consideran socialmente aceptadas y el sentido común nos dice que debería ser legal. Si actualmente la práctica de sacar una limitada cantidad de fotocopias de libros para estudiar se considera ilegal, es porque la ley de derecho de autor de nuestro país desconoce las prácticas reales, cotidianas, necesarias y absolutamente razonables de los estudiantes y docentes. Deberíamos modificar esas leyes en lugar de cuestionar una iniciativa democratizadora alegando hipotéticos usos no autorizados del subsidio a las copias.

Este último es por cierto el punto más problemático del pedido de explicaciones de la Cámara Uruguaya del Libro. La posibilidad de que se cometa un delito no configura un delito. Si al realizar determinada fotocopia se comete una infracción al derecho de autor, como toda infracción tiene que haberse realizado primero y luego debe comprobarse. De otra manera, con el argumento de que se podrían dañar los intereses comerciales de algunas editoriales, nos estaríamos llevando por delante no solo el hecho de fotocopiar partes de libros con fines educativos, sino también otras prácticas que incluso hoy son perfectamente legales, y estaríamos atentando contra los derechos de los autores y las autoras que sí desean que su obra sea compartida.

Parecería que la Cámara del Libro defiende los intereses de quienes pretenden que la vía principal de acceso al conocimiento escrito siga en poder del circuito comercial. En ocasiones como esta, cuando entrevén un mínimo riesgo potencial a esos intereses, no temen ponerse en ridículo atacando una medida democratizadora y acusando indirectamente a estudiantes y docentes. Les cuesta aceptar una nueva realidad con prácticas sociales y educativas que escapan a la lógica de la mercancía.

Esperamos que desde el gobierno se sigan impulsando proyectos como Copias Gratis Estudiantiles y se haga frente a las presiones de diversas cámaras empresariales contra las iniciativas que promueven el acceso al conocimiento y la cultura. Desde la sociedad civil y desde la comunidad educativa y cultural estamos dispuestos a seguir avanzando en la conquista de derechos culturales.