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El derecho a estudiar es justo. Defendámoslo ahora.

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El pasado 6 de abril el proyecto de ley que incorpora limitaciones y excepciones a la ley de derechos de autor fue aprobado en la Comisión de Educación y Cultura del Senado uruguayo y está próximo a recibir media sanción en esa cámara.

El proyecto de ley beneficia a estudiantes, docentes, bibliotecólogos, investigadores y al público en general, al actualizar un capítulo de excepciones que no se modificaba desde que la ley de derechos de autor fue promulgada en 1937. Estas excepciones permiten que dejen de ser violaciones a los derechos de autor, actividades cotidianas como navegar en Internet, recibir un libro prestado en una biblioteca, o fotocopiar un fragmento de un libro para estudiar. En el caso de las infracciones a la norma que se realicen sin fines de lucro, el proyecto las quita de la órbita penal (lo cual hasta el día de hoy puede desembocar en penas de cárcel para los infractores), pasándolas al plano civil, que es donde deben ser analizadas las acciones que causan, en el peor de los casos, solo un hipotético perjuicio comercial.

Este proyecto cuenta con el más amplio apoyo popular, y lo avalan desde el movimiento estudiantil a los trabajadores del PIT-CNT, pasando por bibliotecólogos, investigadores, docentes y organizaciones sociales que militan por el acceso a la cultura.

En las últimas horas, dirigentes de AGADU han establecido contactos políticos a todo nivel para tratar de presionar buscando la eliminación del artículo que quitará del ámbito penal las infracciones al derecho de autor que se cometen sin fines de lucro y sin ánimo de generar perjuicio al autor.

Esta actitud de un puñado de dirigentes de AGADU demuestra la mezquindad de una dirigencia apartada de sus bases, que con una actitud corporativa, que no representa en absoluto el sentir de la gran masa de autores y autoras de nuestro país, apunta a mantener la inseguridad jurídica en la que toda la ciudadanía se encuentra por actividades tan comunes como realizar copias para estudiar o compartir una fotografía en las redes sociales.

Cabe recordar que en AGADU tiene derecho a voto menos del 15% de los socios, y la actual directiva fue elegida por menos del 3% de ellos. Sólo están habilitados a votar aquellos autores que pertenecen a una pequeña minoría que maneja los hilos de la institución en función de sus intereses corporativos.

La directiva de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) también ha presionado sistemáticamente para evitar que las excepciones al derecho de autor en favor de la cultura, la educación y bibliotecas se conviertan en ley. Afirman que tales excepciones destruirían la industria editorial uruguaya, sin advertir que en los más de 150 países donde ya existen excepciones para bibliotecas o en la cantidad similar de países que ya cuentan con excepciones para educación, la industria del libro funciona sin inconvenientes. El mayor peligro para los dirigentes de la Cámara del Libro no es, por cierto, el proyecto que el Parlamento se apresta a aprobar, sino su propia visión anacrónica del ecosistema del libro, que así como los lleva a protestar por las prácticas de acceso a la cultura de los usuarios en el siglo XXI, también les impide ver oportunidades de negocio que vayan más allá de los rígidos monopolios sobre las copias.

Desde el Movimiento Derecho a la Cultura afirmamos que esta reforma es justa y necesaria. Equilibra derechos que estaban brutalmente desbalanceados en favor de las corporaciones que controlan la propiedad intelectual y en contra de los derechos de los usuarios. Convocamos a la ciudadanía a manifestar su apoyo desde las barras del Senado el día de la votación, que tendrá lugar el 13 de abril desde las 9:30 hs.

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Librería digital de IMPO para estudiantes universitarios: ¿un modelo sostenible?

El pasado 10 de marzo la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) lanzó un sitio web para la venta de libros académicos en formato digital. La iniciativa, surgida a través de un acuerdo con la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), se presentó como una solución a las dificultades en el acceso a materiales de estudio en nuestro país. Este problema se había hecho visible en la opinión pública tras los allanamientos masivos a locales de fotocopias en octubre de 2013.

Hasta el momento la plataforma del IMPO cuenta con poco más de 30 libros de dos de las cinco carreras de la Facultad de Derecho. Los responsables del proyecto informan que se incorporarán más libros en el futuro, pero por el momento, parece exagerado afirmar que ha llegado la alternativa que sustituirá a las fotocopias. Resulta de todos modos bienvenida la preocupación del IMPO por buscar una solución para los estudiantes. Es, en todo caso, una buena señal el reconocimiento de que si queremos solucionar el acceso a los materiales de estudio debemos abordar el tema desde las políticas públicas.

Por tanto, conviene analizar la iniciativa de la librería digital en profundidad para identificar los aspectos positivos y aquellos que son claramente mejorables.

Materiales más baratos, aunque limitados

Lo primero que cabe destacar es la notable reducción en los precios que se ha conseguido con la iniciativa. Mientras que los textos digitales superan con frecuencia los 1000 pesos en el sitio web de la Fundación de Cultura Universitaria, en la actualidad la librería digital del IMPO ofrece la mayoría de los libros digitales a no más de 300 pesos. Así, el costo que paga el alumno se aproxima al de las fotocopias.

Esta reducción en los precios se hizo con costos para el IMPO. Como ya dijimos, la iniciativa surge a través de un convenio con la FCU, la misma editorial que el año pasado estuvo involucrada en la crisis de acceso a materiales de estudio, por ser la entidad que inició las demandas penales contra las fotocopiadoras. Para que la FCU estuviera de acuerdo en bajar los hasta entonces altísimos precios de los libros digitales, el IMPO se hizo cargo del costoso software provisto por la multinacional Adobe, que ofrece a los estudiantes los libros con un sistema de restricciones que fue necesario implementar.

A pesar de las evidentes ventajas que trae la reducción de los precios para los alumnos, si pensamos esta iniciativa en términos de su alcance o cobertura, debemos reconocer sus limitaciones. Es extremadamente difícil que bajo esta modalidad llegue a estar disponible una proporción considerable de los libros nacionales e importados necesarios para cubrir la currícula de todas las carreras de grado y posgrado en la Educación Superior. Haría falta gestionar los permisos libro a libro y editorial a editorial, con cada uno de los tenedores de los derechos.

Una solución adecuada debería tener como horizonte factible la provisión de un acceso más generalizado al abanico de textos necesarios para los estudiantes universitarios, teniendo en cuenta la libertad de cátedra a la hora de definir la bibliografía. Por esta razón, sigue siendo indispensable legalizar las copias de materiales cuando se realizan con fines educativos, para contemplar la enorme cantidad de materiales que no están ni podrán estar en la librería del IMPO.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que los libros que la FCU publica muchas veces son financiados con fondos de la UdelaR, o son elaborados por docentes de la Universidad en el marco de su actividad docente. Este tipo de contenido podría ser publicado con una licencia que permitiera el uso libre si la Universidad así lo decidiera, dado que, de acuerdo con la Ordenanza de Propiedad Intelectual de la UdelaR, los derechos patrimoniales de autor en estos casos corresponden a la Universidad.

Problemas para los usuarios

Analicemos la iniciativa desde el punto de vista del usuario. El IMPO ha elegido la suite Adobe Digital Editions para brindar su servicio de venta de libros. El estudiante compra un archivo que puede descargar hasta en 6 dispositivos. También puede subrayarlo y anotarlo digitalmente, aunque no puede imprimirlo ni copiarlo. Tomando en cuenta las costumbres en el uso y apropiación de los libros académicos por parte de los estudiantes, cabe preguntarse: ¿Cómo estudian nuestros estudiantes? ¿Cuáles son sus preferencias? De acuerdo a los resultados de un estudio efectuado por docentes de la UdelaR para el Proyecto LATIn, el estudiante universitario uruguayo prefiere estudiar en textos en formato físico. Esto podría deberse a la falta de formación en el manejo de herramientas de uso de libros digitales, entre otros factores. Pero los jóvenes que compren los libros ofrecidos por el IMPO no podrán elegir el formato que se adapte a su perfil y necesidades para apropiarse del texto. Este no es un aspecto menor y puede conspirar contra el éxito de la iniciativa.

Los libros pueden descargarse y leerse en Windows, Mac OS y Android, pero Adobe Digital Editions no brinda soporte para el sistema operativo libre GNU/Linux. Así, mientras el Estado Uruguayo hace un esfuerzo enorme para dotar a cada estudiante de Primaria y Secundaria con una computadora portátil con este sistema operativo, cuando los estudiantes ingresan a la Universidad los dispositivos recibidos no les servirán para descargar los libros que un organismo público como el IMPO ofrece a un precio más accesible que el del mercado.

En suma, la iniciativa del IMPO demuestra la voluntad de atender el grave problema en el acceso a los materiales de estudio, pero la solución que se ha encontrado es parcial, restringida, presenta problemas serios para el acceso y es contradictoria con otras políticas públicas.

Cuestión de modelos

Pero los problemas derivados del software y los formatos elegidos no son culpa de una decisión técnica equivocada por parte de los funcionarios del IMPO. Por el contrario, se trata de un asunto mucho más político que técnico, y tiene que ver con el destructivo modelo de negocio al que la industria editorial uruguaya se aferra con uñas y dientes. En otras palabras, la única manera en que el IMPO y otros organismos públicos han podido firmar contratos con las principales editoriales del país ha sido mediante la utilización de medidas tecnológicas de restricción. Estas medidas tienen como objetivo impedir que los usuarios puedan realizar acciones tan naturales como hacer copias para uso personal o imprimir los textos. Lo mismo ocurre con los materiales de la biblioteca del Plan Ceibal, llamada “Baúl de libros”, la cual implementa medidas restrictivas similares aunque no idénticas.

En ambos casos, organismos públicos realizan un gasto muy importante con el objetivo de bajar el precio de los textos para los alumnos, sin modificar el modelo de negocios de las editoriales. Es que las editoriales ocupan en este terreno una posición privilegiada, al tener en su poder los derechos de la mayoría de los materiales que necesitan los alumnos. El poder de negociación de las editoriales es alto dado que tienen un público cautivo como el estudiantil al que se le encarga la lectura obligatoria de los textos, y poseen, al mismo tiempo, el monopolio de explotación de dichas obras. En una posición monopólica como la descripta, las editoriales pueden fijar en teoría el precio que deseen. El factor que en las últimas décadas ha impedido que esto condujera a una crisis insostenible es la piratería. Según el estudio del Proyecto LATIn, más del 60% de los materiales que utilizan los alumnos en el nivel terciario es fotocopiado. Los allanamientos masivos de octubre de 2013 hicieron explotar el equilibrio precario que las fotocopias traían al ecosistema del libro académico.

En resumen, todo parece indicar que la apuesta de las editoriales es alentar la incertidumbre a través de la represión del fotocopiado y de otros medios de acceso informal. Una crisis en el acceso en los materiales de estudio les ha permitido negociar en una posición ventajosa contratos con los organismos públicos. Los estudiantes reclaman soluciones urgentes, que el Estado en principio solo puede atender sentándose a negociar con los dueños de los derechos.

Alentar la represión y presionar al Estado es, en definitiva, la doble estrategia de una industria que ve amenazado su modelo de negocios porque no se ha podido adaptar al avance de los medios técnicos que permiten democratizar la cultura. Las instituciones públicas, así, pasan a ser el sostén principal de una industria editorial en decadencia que se rehúsa a revisar sus esquemas.

Hasta aquí hemos analizado varios problemas de este modelo en el cual el Estado sostiene a una industria deficitaria: los materiales llegan a cuentagotas y con restricciones severas para los usuarios. Pero el problema más grave es que se trata de un modelo insostenible. Ante la demanda en aumento de los estudiantes, los organismos públicos realizan un gasto constante y creciente con el objetivo de facilitar el acceso a los materiales que se encuentran en poder de las editoriales, objetivo que nunca llega a alcanzarse del todo. Este gasto creciente, factible hasta cierto punto en épocas de bonanza económica, tiene necesariamente un techo y no es sostenible en circunstancias de restricciones presupuestales.

Alternativas

Logotipo_Global_Recursos_Educacionais_Abiertos_(REA)_blanco_y_negro.svgPero no todo es negro en el horizonte. Mientras que en Uruguay el Estado está tardando en visualizar alternativas superadoras, en el resto del mundo es cada vez mayor el impulso y la adopción de los modelos de Recursos Educativos Abiertos (REA) para la publicación de materiales educativos, y de Acceso Abierto para las publicaciones científicas.

La principal alternativa al modelo privativo es el fortalecimiento y la difusión del modelo de Recursos Educativos Abiertos para toda la educación pública, siguiendo las recomendaciones de la Declaración de París de la UNESCO referente al gasto público en materiales educativos. Este modelo logra aumentar tanto el acceso a materiales como la eficiencia en el gasto público reduciendo los costos hasta en un 80%.

Al igual que en el modelo privativo, en el modelo de Recursos Educativos Abiertos los organismos públicos son por lo general unos de los principales financiadores. Sin embargo, el ahorro se genera gracias a que los materiales son de libre acceso y reutilización. Esto significa que una vez que el texto es producido y que los autores y editores son remunerados por su trabajo, el material queda a disposición de toda la sociedad sin restricciones. El resultado más evidente es el ahorro para los alumnos. Pero al mismo tiempo se produce un ahorro en el gasto público total, a causa de una mayor eficiencia en la asignación de los recursos. Los gastos públicos subsiguientes en materiales educativos se destinan a actualizar y mejorar los materiales existentes, o a crear nuevos materiales, en lugar de renovar onerosas licencias, una y otra vez, para mantener una colección mínima, como sucede hoy.

Pero el fomento de los Recursos Educativos Abiertos no es todo. Debe ir acompañado de una política pública integral sobre el acceso a bienes culturales que incluya los siguientes principios y soluciones:

– Las obras financiadas por el Estado deben ser de acceso libre para toda la ciudadanía.

– Las obras creadas por funcionarios de entes públicos en el marco de su relación laboral con el Estado deben licenciarse de forma abierta.

Los principios anteriores derivan de que la sociedad ya pagó por la creación de dichos materiales a través de sus impuestos. Lo que es pagado por todos debe ser accesible para todos. Los ciudadanos no deben pagar dos veces por el mismo bien cultural.

Por otra parte, la relegada red de Bibliotecas Públicas tendría un papel mucho más importante en el acceso democrático a los bienes culturales si existiera la autorización y el estímulo para la digitalización de los libros que se encuentran en su acervo. Para que esto sea posible, es necesaria la incorporación de excepciones para bibliotecas en la ley de Derecho de Autor, como ocurre en la mayoría de los países del mundo. Este tipo de excepciones, junto con la legalización de las copias de obras con fines de educación y, más en general, la legalización del intercambio sin fines comerciales de obras culturales, es un requisito imprescindible para aspirar a una verdadera democratización de nuestra educación y de nuestra cultura.

 

Este texto fue escrito por el Movimiento Derecho a la Cultura y se publicó inicialmente en el sitio Open Business Latin America & Caribbean.

Más y mejores derechos: acceso a la educación, a la cultura y al conocimiento

A fines de 2013 el Centro de Estudiantes de Derecho entregó al vicepresidente Danilo Astori un anteproyecto de ley apoyado por más de diez mil firmas de todo el país. El anteproyecto establece una excepción al derecho de autor para la reproducción parcial de obras cuando se realice con fines educativos. La norma busca garantizar el derecho de acceder a materiales de estudio, el cual se ve menoscabado por la actual ley 9.739.

firmas-materiales-de-estudioAdemás, el anteproyecto incluye excepciones al derecho de autor para bibliotecas. Estas excepciones buscan garantizar la legalidad del trabajo de los bibliotecarios, dado que la ley de derecho de autor actual condena a la ilegalidad muchas de las tareas cotidianas de los bibliotecarios y pone barreras a varias de las funciones establecidas en la ley de Bibliotecas Públicas. Por último, el proyecto instaura la denominada libertad de panorama, establece la legalidad de la copia para uso personal y elimina las sanciones penales para las infracciones al derecho de autor que se realicen sin fines de lucro. Estas modificaciones están respaldadas por abundante legislación comparada y se encuentran dentro del marco de los tratados internacionales firmados por Uruguay, incluyendo el acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de Berna.

Astori derivó el anteproyecto a la comisión de Educación y Cultura del Senado. Sin embargo, hasta el momento el anteproyecto no ha pasado a ser formalmente un proyecto de ley porque requiere que al menos un legislador lo firme, lo que aun no ha sucedido.

Ante esta situación, es ilustrativo mirar lo que está ocurriendo en América Latina en la materia. Tras largas décadas en las que se aumentaron las restricciones hasta niveles que ponían en peligro el derecho a la educación y la libertad de expresión, en los últimos tiempos presenciamos una tendencia en varios países a volver a aplicar el sentido común en las legislaciones de derecho de autor, equilibrando los derechos de los autores, editores y usuarios.

En el nuevo Código Penal de Ecuador, aprobado a principios de este año, se derogaron todas las sanciones penales de la ley de propiedad intelectual, por lo cual las infracciones a los derechos de autor, patentes, obtenciones vegetales, marcas y otras áreas relacionadas, no recibirán castigo penal sino sanción civil.

El nuevo Código Penal de Ecuador se encuentra accesible en este enlace. Como puede leerse en la página 327, disposición vigésimo segunda, se derogan todos los artículos del capítulo de delitos y penas de la ley.

wikicoescComplementariamente, el gobierno de Ecuador lanzó el 28 de febrero una Wiki abierta a la ciudadanía para redactar el nuevo Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento. Este nuevo código reemplazará a la ley de propiedad intelectual, convirtiéndose en el primer marco regulatorio del conocimiento en el mundo basado en el principio fundamental del libre acceso al conocimiento. El borrador inicial de Código Orgánico contiene innovaciones legislativas importantes. Entre ellas:

– Los derechos de propiedad intelectual están sujetos al cumplimiento de su función social y al interés público.

– Se reducen los plazos de restricción desde 70 hasta 50 años post mortem. Se establecen regímenes separados para fotografías y artes aplicadas (25 años desde la realización o publicación de la obra) y las obras audiovisuales (50 años desde la divulgación de la obra).

– Se establece el derecho de uso justo.

– Se habilita la disposición de obras a través de Internet con fines de investigación y educación, sin fines comerciales.

– Se habilita la cita, la parodia y el pastiche.

– Se reconoce el software libre y las licencias libres en general.

– Se establece la obligación de que el Estado use software libre.

– Se prohíbe que los proveedores impongan a los usuarios la compra de equipos electrónicos con software privativo sin ofrecer alternativas libres a dicho software.

– Se brindan amplias garantías a las instituciones de enseñanza y a las bibliotecas para que puedan cumplir su función social sin riesgos legales.

– Se establece la posibilidad de que el organismo estatal de derechos de autor fije licencias obligatorias para evitar que los titulares de derechos impidan la circulación del conocimiento.

Por otra parte, en Argentina se presentó hace algunas semanas el proyecto del nuevo Código Penal. En él, se eliminan las sanciones penales para las infracciones al derecho de autor sin fines de lucro, tal como se explica en las páginas 227 y 228 del proyecto.

Además, Argentina aprobó a fines de 2013 una ley de libre acceso a la investigación científica financiada con fondos públicos, por la cual será obligatoria la publicación de todas las investigaciones en repositorios abiertos y de acceso libre.

Uruguay, sin dudas, es parte de esta nueva tendencia regional en favor de la democratización del conocimiento. El 18 de diciembre de 2013 se aprobó la ley de software libre y formatos abiertos en el Estado, la cual establece que el Estado debe usar software libre en todas las situaciones en que sea posible, y debe publicar toda información en formatos abiertos. Cabe esperar que la reglamentación de la ley se dé en los plazos previstos y que mantenga intactos los principios y el espíritu de la ley.

Los logros mencionados demuestran que es posible dar pasos firmes hacia una democratización radical de la cultura y el conocimiento, y que América Latina es tal vez un lugar privilegiado para encabezar dichas reformas a nivel mundial.

Por esta razón, esperamos que nuestro Parlamento impulse el anteproyecto de ley presentado por el Centro de Estudiantes de Derecho, el cual, como ya dijimos, tiene el apoyo de más de diez mil firmas de todo el país. Este proyecto será sin dudas un punto de partida en nuestro país para comenzar los cambios más que necesarios a una ley de derechos de autor hiperprivatista, anacrónica y dañina. Porque la regulación del conocimiento debe estar al servicio del disfrute y el progreso de la sociedad, y no al servicio de los intereses particulares de corporaciones privadas.

sumarinformeEsto último es también lo que se deduce de las conclusiones de las conferencias ciudadanas Sumar, sobre derechos de autor y acceso a la cultura, que se llevaron a cabo en noviembre del año pasado en nuestro país. En base a los elementos aportados por expertos e instituciones del país y del exterior en la temática, el panel de ciudadanos, entre otras cosas:

– Subraya la necesidad de cambiar la ley de derechos de autor, jerarquizar el derecho de acceso a la cultura y acrecentar el dominio público.

– Recomienda reemplazar el Consejo de Derechos de Autor por una institución que tenga entre sus fines promover el acceso a la cultura.

– Le pide al Estado y a privados que imaginen y alienten nuevos modos de retribución al autor no vinculados a regalías por derechos de autor.

– Aconseja que se alienten modos de edición y publicación que faciliten la circulación de las obras.

– Exhorta a que las obras financiadas por el Estado sean puestas a disposición de modo gratuito.

– Llama a establecer excepciones al derecho de autor para copias privadas y para copias con fines educativos.

– Menciona la necesidad de políticas para el acceso a todas las obras en los lugares donde el mercado no llega.

– Pide que no paguen regalías el mayor conjunto posible de obras del dominio público o cuyos derechos sean del Estado. En otras palabras, pide que se restrinja o elimine el dominio público pagante.

– Exige garantizar el acceso a obras en formatos accesibles para personas con discapacidad.

– Llama a que las bibliotecas públicas tengan un rol activo en la difusión de todas las obras.

– Recomienda políticas culturales ligadas a políticas sociales, como por ejemplo tarjetas o canastas básicas de consumo cultural.

En definitiva, el informe final de las conferencias ciudadanas Sumar es contundente en favor de una reforma importante al derecho de autor y de políticas que garanticen el acceso democrático a la cultura en nuestro país.

Ahora es responsabilidad del Parlamento y del Poder Ejecutivo escuchar las demandas de la ciudadanía y acompañar las reformas que se están dando en la región. Porque la agenda de más y mejores derechos incluye necesariamente el acceso real de la ciudadanía a la educación, a la cultura y al conocimiento.

Derecho de autor a debate en Uruguay

chau218-0012013 ha sido un año de discusiones profundas sobre el derecho de autor en Uruguay, que culminó con la presentación de un proyecto para modificar la ley de derecho de autor agregando excepciones y eliminando las sanciones penales a las infracciones sin fines de lucro. Un repaso a los episodios recientes nos permitirá poner en contexto este proceso.

Troyanos en la ley

En julio de 2013, un breve artículo incluido dentro de la Rendición de Cuentas —ley “ómnibus” que trata mayormente sobre temas presupuestarios y administrativos— pretendía aumentar los plazos de derecho de autor en 20 años, hasta los 70 años post-mortem. El artículo “troyano” que modificaba dichos plazos, conocido como el artículo 218 por su numeración original en la Rendición de Cuentas, provocó un movimiento social de jóvenes, artistas e intelectuales con el objetivo de frenar dicha medida por considerar que la misma atentaba contra el dominio público.

La débil justificación de dicha propuesta de cambio en la ley de propiedad intelectual por parte de sus impulsores —básicamente la Cámara Uruguaya del Disco con el apoyo de la Asociación General de Autores (AGADU)— no fue suficiente para mantener en pie el artículo 218. Los cuestionamientos públicos de la comunidad de artistas a la que supuestamente beneficiaba la medida y la resistencia organizada por la campaña #noal218 derivó en la retirada del artículo, que finalmente no fue presentado a votación en el Parlamento. Se abría así una posibilidad de debate inédita acerca del alcance de las restricciones impuestas por el derecho de autor para el acceso a la cultura, dando lugar también a la discusión de una agenda positiva para el cambio.

Sin embargo, no fue el artículo 218 el único troyano detectado. La Rendición de Cuentas aprobada en octubre de 2013 incluía otra modificación que fue detectada demasiado tarde. Se trata del artículo 251, a través del cual el Parlamento establece, por vía interpretativa, que el Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica (SODRE) tiene la obligación de pagar por el uso de las obras que se encuentran en dominio público (para comprender mejor el problema del dominio público pagante, recomendamos leer este post). Aunque en Uruguay existe la figura del dominio público pagante, una ley de 1950 exceptuaba a dicho organismo estatal del pago de “impuestos, derechos y gravámenes de toda clase por la utilización de obras del dominio público”, y en 2010 la Auditoría Interna de la Nación entendió que el pago por dominio público entraba en esa categoría y por tanto, no había obligación de pago. Sin embargo, la peculiar interpretación del Parlamento en la Rendición de Cuentas es que el dominio público pagante sería una “tarifa”, a la cual sí le correspondería el pago.

El resultado de la inclusión del artículo 251 es que el Estado, a través del SODRE, pagará por el uso de material dentro del dominio público a una entidad recaudadora (AGADU), que luego de realizar descuentos de administración —que pueden llegar hasta un 42%, como señalamos en un artículo anterior— realizará la devolución al propio Estado de la mencionada “tarifa”. Esto plantea una serie de objeciones y dudas no solo sobre las formas de aplicación del artículo 251, sino también sobre la propia pertinencia de la figura de dominio público pagante. Hasta el momento existen escasas estadísticas públicas sobre el pago de dicha tarifa.

Pero no todos fueron troyanos indeseables en la Rendición de Cuentas. En ella Uruguay incorpora importantes excepciones para la reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público en formatos adecuados de textos, que se realicen —sin remunerar ni obtener autorización del titular— en beneficio de personas ciegas o con otras discapacidades para la lectura o sensoriales (artículo 237 de la ley de Rendición de Cuentas). Además, Uruguay firmó el Tratado de Marrakech, que tras ser ratificado fortalecerá aun más los derechos de las personas con discapacidades, quienes sufren enormes barreras para acceder a materiales de lectura.

Derecho a estudiar

Las repercusiones sobre la caída del artículo 218 aun continuaban cuando fueron opacadas por otro hecho que puso en cuestión la ley de derecho de autor: en el mes de octubre un gran operativo policial con oficiales de Interpol allanó una serie de locales de fotocopiado en las cercanías de establecimientos universitarios y en particular frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Este operativo incluyó la detención de decenas de personas por el delito de fotocopiar comercialmente. Lejos de contar con el apoyo de la población, los sucesos se transformaron en un escándalo que agitó aun más a los jóvenes y estudiantes.

Concretamente, provocó un rechazo inmediato en la sociedad, especialmente en los estudiantes universitarios, quienes se vieron privados del acceso a materiales de estudio en época de exámenes. La Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) emitió una declaración contundente en favor del acceso libre al conocimiento y, días más tarde, tuvo lugar la primera manifestación en nuestro país en favor de una reforma de la ley de derechos de autor, con un acto en la vía pública y la presentación de más de 10.000 firmas de apoyo.

Todo esto derivó en el reciente envío al Parlamento de un proyecto para la modificación de la ley de derecho de autor. El proyecto fue presentado por el Centro de Estudiantes de Derecho (CED), integrante de la FEUU. A través del mismo, se busca ampliar las excepciones y limitaciones educativas, así como retirar la sanción penal a las infracciones sin fines de lucro.

El papel de la Universidad de la República

Más allá de la discusión legislativa que se abre, en la Universidad de la República (UdelaR, la universidad pública del Uruguay) el tema también se ha puesto en debate. Dentro de la UdelaR se viene trabajando en Recursos Educativos Abiertos (REA) desde hace meses, en base a llamados puntuales para la elaboración de materiales educativos abiertos y actividades semipresenciales en el marco del Entorno Virtual de Aprendizaje.

Actualmente se están analizando diferentes posturas para solucionar el problema de acceso a materiales educativos, puesto de relieve luego del cierre de las fotocopiadoras. Desde la propia Facultad de Derecho se está investigando la posibilidad de implementar un sistema de publicaciones libres, financiadas por la propia Universidad, que destinará horas docentes a la elaboración de materiales de libre acceso para los estudiantes.

En ese mismo sentido la UdelaR forma parte del Proyecto LATIn, iniciativa que promueve la creación y difusión de libros abiertos y gratuitos, diseñados desde y para Latinoamérica, que cuenta con la financiación de programa ALFA III, de la Unión Europea. Uno de los principales objetivos es, justamente, abordar la problemática del alto costo de los libros de texto de la Educación Superior en Latinoamérica.

Paralelamente, la Universidad a través del Consejo Directivo Central, formó un grupo de trabajo para la implementación de un repositorio de acceso abierto para la producción académica. Asimismo, se ha impulsado la creación de propuestas que permitan hacer un uso mejor y más abierto de los recursos con que cuentan los Entornos Virtuales de Aprendizaje.

Pasado y futuro

Las medidas en contra del acceso y la circulación de cultura —el artículo 218 y el operativo contra las fotocopiadoras— se enfrentaron al rechazo social y generaron un efecto paradójico, que reforzó la conciencia por una agenda de derechos culturales que incluye el acceso universal al conocimiento.

Muy diferente era el contexto una década atrás. En el año 2000, un operativo policial contra locales de fotocopiado contó con el beneplácito de la prensa y suscitó pocos comentarios públicos en contra. Unos años más tarde, la ley 17.616 aumentó los plazos y endureció la ley de derecho de autor, pasando inadvertida para la opinión pública y aprobándose un 30 de diciembre, en plenas fiestas de fin de año.

En los últimos 10 años han sucedido muchas cosas. Entre las más notorias, cabe destacar la masificación de Internet, la proliferación de tecnologías digitales, el desarrollo de nuevas formas de producción y difusión cultural, la incipiente organización de los usuarios de cultura y del movimiento social por el software y la cultura libre. Estos factores ofrecen un escenario mucho más propicio para el actual debate.

Hasta hace poco tiempo estos temas no solían llegar al debate público. En general, los conflictos se resolvían en mesas chicas, con la participación de instituciones tradicionalmente favorables a una mayor restricción en términos de propiedad intelectual, como las sociedades de gestión de derechos y las cámaras empresariales de la industria cultural y del software. Asimismo, los reclamos por las irregularidades de dichas instituciones se tramitaban “a puerta cerrada”, con escasa transparencia.

Sin embargo, a raíz de los eventos de este año el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se comprometió a promover la discusión ciudadana sobre el tema. A comienzos de noviembre, organizó las conferencias Ciudadanas “Sumar”, sobre derechos de autor y acceso a la cultura, donde se convocó a un panel de referentes, que incluyó a las sociedades de gestión colectiva y las cámaras empresariales, así como también a representantes de la sociedad civil y profesionales que ejercen nuevos modelos de producción cultural. El debate contó con la virtud de incluir, de forma equilibrada, las diversas visiones sobre el tema. Las conferencias favorecieron el intercambio de ideas y el debate argumentativo, al incluir preguntas y elaboraciones de un panel de ciudadanos interesados en el tema pero no vinculados a ninguna de las organizaciones. Como resultado de las conferencias, quedó a disposición de la ciudadanía una gran cantidad de materiales, en formato escrito y audiovisual, sobre derecho de autor y acceso a la cultura en Uruguay. Además, los informes de las instituciones y las conclusiones del panel de ciudadanos serán elevados al Parlamento y al Poder Ejecutivo como un importante insumo para la generación de políticas públicas y reformas legales.

Para completar el escenario debemos agregar que, tras un proceso que demandó años de esfuerzo, el 18 de diciembre se aprobó la ley de software libre y formatos abiertos en el Estado. La norma, que obliga a que la administración pública otorgue prioridad a estas tecnologías frente a las soluciones privativas, cuenta con el apoyo de la sociedad civil pero ha sufrido modificaciones a causa de las presiones de sectores empresariales vinculados al software privativo. No obstante, se trata de un logro de gran importancia para la soberanía tecnológica y el uso social del conocimiento en el país, tras un largo y complejo proceso legislativo.

2014 se presenta como un año de fuertes desafíos para los estudiantes, para el Movimiento Derecho a la Cultura y para la sociedad en su conjunto. Las presiones de las cámaras empresariales, de las sociedades de gestión de derechos y de las multinacionales del entretenimiento para lograr mayores restricciones son fuertes pero la potencialidad del conjunto de la sociedad con diversos niveles de organización es mucho mayor.

Esperamos que el nuevo año nos encuentre construyendo las herramientas sociales y legales para defender el dominio público y el acceso al conocimiento y a la cultura.

Este texto fue escrito por el Movimiento Derecho a la Cultura y se publicó inicialmente en el sitio Open Business Latin America & Caribbean. Una versión más corta del artículo se publicó en el boletín Digital Rights Latin America & The Caribbean nº 7.

Propuestas para democratizar el acceso a materiales de estudio

Ante la situación de crisis desatada en el acceso a materiales de estudio, desde el Movimiento Derecho a la Cultura consideramos que se hace imprescindible una reforma profunda de la ley de derechos de autor uruguaya, que contemple:

  • La legalización de las fotocopias con fines educativos y de investigación.
  • La legalización del acceso y la compartición sin fines de lucro de obras educativas, científicas y culturales, tanto en soportes analógicos como digitales. Esto incluye el fotocopiado en centros de copias estudiantiles, la compartición de archivos en Internet y otras soluciones sin fines de lucro para el acceso individual y comunitario a la cultura.
  • El otorgamiento de licencias para fotocopiado con fines de lucro aplicando una tarifa que sea justa, públicamente conocida y administrada de forma transparente por un ente público con control ciudadano.
  • La libre disponibilidad de todas las obras realizadas y/o financiadas por el Estado, incluyendo las instituciones educativas públicas.
  • La creación de un fondo estatal para publicaciones educativas que recompense directamente a los autores de materiales educativos mediante llamados públicos.
  • La revisión de las sanciones aplicadas a las infracciones al derecho de autor, que en la actualidad son de tipo penal, cuando en todo caso apenas se estarían afectando intereses comerciales, que son competencia del ámbito civil.

Por otro lado, creemos que es necesaria la adopción de políticas concretas para garantizar el acceso a obras culturales y educativas:

  • La digitalización de todas las obras de la Biblioteca Nacional y Bibliotecas Universitarias con fines de preservación y acceso en terminales de la Biblioteca.
  • La digitalización y difusión de las obras en Dominio Público, obras huérfanas, agotadas o no disponibles, a través de Internet.
  • La creación de un portal web de la educación uruguaya, que se ocupe de brindar acceso gratuito a las obras educativas.

Manifestamos nuestro rechazo a las propuestas que pretenden instaurar un nuevo sistema privado de recaudación de derechos de autor en base a restricciones y permisos, mecanismo que beneficiaría al sector editorial en detrimento de los autores, al tiempo que seguiría criminalizando la fotocopia y otras prácticas de acceso a la cultura. Este tipo de mecanismos ya han sido probados en el pasado con la fundación de la sociedad de recaudación A.U.T.O.R., la cual operó con notoria falta de transparencia y nulo beneficio para los autores de los textos.

Asimismo, nos sorprende que la Cámara Uruguaya del Libro se manifieste hoy preocupada por el acceso a la educación cuando, hace tan solo dos meses, condenó a través de comunicados de prensa y de fuertes presiones en el Parlamento el uso de fotocopias y, en particular, el proyecto “Copias Gratis Estudiantes” orientado a democratizar el acceso a materiales de estudio en la educación secundaria. Son estas posturas arcaicas y las denuncias penales de FCU las que han dejado hoy sin materiales educativos a miles de estudiantes.

La solución es socializar, no privatizar.
La solución es legalizar, no criminalizar.
Por el derecho a estudiar, por el derecho a la cultura.

¿Acceso Abierto en la UdelaR?

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Imagen: Pepemanya en Wikimedia Commons

Resulta paradójico que en plena “Semana del acceso abierto en la Udelar” se de la situación de allanamiento de las fotocopiadoras de la Galería Montecarlo, donde estudiantes de derecho acceden a sus materiales de estudio diariamente.

Este suceso ha despertado una polémica latente en el ámbito educativo y amerita la reflexión de todos los actores involucrados. Se hace evidente el enfrentamiento entre dos derechos amparados por la ley: el Derecho de Autor y el Derecho a la Educación.

El costo desmedido de las publicaciones y los libros de texto compromete seriamente el acceso y la calidad de nuestra educación. De acuerdo a una encuesta efectuada a estudiantes de cinco Universidades de Latinoamérica, entre ellas la UdelaR:

  • Algo más del 40% de los estudiantes declaran que no pueden acceder a textos obligatorios de su carrera.
  • El 63% declara estudiar de “fotocopias en papel de capítulos sueltos de libros de texto” (práctica ilegal sin autorización escrita del autor).
  • El 48% declara que utiliza “libros digitales bajados de la web, sin las licencias correspondientes”.

En este contexto, se han presentado como alternativas al acceso: el movimiento de los Recursos Educativos Abiertos y el movimiento del Acceso Abierto a la investigación científica.

¿Qué son los Recursos Educativos Abiertos?

Los REA son “materiales digitalizados ofrecidos libre y gratuitamente, y de forma abierta para profesores, estudiantes y autodidactas para utilizar y reutilizar en la enseñanza, aprendizaje y la investigación.” (OCDE, 2008)

Los REA se caracterizan por ser: a) Accesibles (en formatos digitales abiertos), b) Compartibles (copiar, distribuir, usar), c) Adaptables (contextualizar, traducir), d) Admiten obras derivadas (remixar).

Las herramientas utilizadas para lograr este tipo de apertura son las licencias abiertas como las licencias Creative Commons. Éstas permiten un ejercicio alternativo de los derechos de autor basado en la idea de la colaboración y el compartir, ya que la concepción tradicional de derecho de autor opera como una barrera en este tipo de iniciativa.

¿Qué es el Acceso Abierto a la investigación científica?

“El Acceso Abierto (en inglés, Open Access (OA)) es el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, suscripción o pago -es decir sin restricciones- a material digital educativo, académico, científico o de cualquier otro tipo, principalmente artículos de investigación científica de revistas especializadas y arbitradas mediante el sistema de revisión por pares o peer review.(…)
Esta corriente promueve eliminar las barreras económicas, legales y tecnológicas, y trata de obtener a cambio, como beneficios, una mayor accesibilidad para los documentos y una mayor visibilidad para los autores. Los documentos que están disponibles libremente son más consultados y tienen más posibilidades de ser citados. Por otra parte, otro efecto deseado consiste en que los conocimientos y avances científico-técnicos se distribuyan de la manera más amplia posible, devolviéndole así a la sociedad los frutos de las investigaciones por ella subsidiadas. Dicho en otros términos, devolver a la sociedad los beneficios de las inversiones realizadas en investigaciones científicas”. Fuente: Wikipedia.

Hacia una Universidad Abierta

Podemos afirmar que en el último año la UdelaR ha iniciado el camino hacia una “Universidad Abierta”. Durante el año 2013 la UdelaR ha declarado el Software Libre y los formatos abiertos como prioritarios (Resolución Nº 4 del CDA 2/7/2013 5 en 5), ha decidido que los proyectos de investigación de la UdelaR serán de Acceso Abierto (Resolución Nº 5 del CDC 25/6/2013, 16 en 16) y también ha adoptado el criterio de apertura para sus recursos educativos (Resolución Nº 17 del CDC 19/2/2013, 20 en 20).

Compartir su producción y hacerla accesible de forma libre a la sociedad es una forma de ejercicio de responsabilidad social de la Institución. No debemos olvidar que la producción de la UdelaR ha sido financiada con fondos públicos. Todos pagamos por ella, por lo tanto todos debemos tener acceso a ella.

Entre las iniciativas institucionales para mejorar el acceso a la producción académica y científica de la UdelaR podemos citar:

¿Son suficientes estas iniciativas?

Sin lugar a dudas no son suficientes por los siguientes motivos:

  • Tienen costos de implementación. Esos costos se trasladan al usuario y deben cubrir:
    1. la formación de docentes y usuarios en el uso materiales con licencias abiertas.
    2. la difusión de su existencia y captación de usuarios.
  • No abarcan el acceso a todo el material necesario para el normal desarrollo de las actividades de educación e investigación.
  • Deben lograr una masa crítica de materiales para lograr una mejora relevante en el acceso.

Si bien dichas iniciativas constituyen un gran avance desde la perspectiva del acceso, la UdelaR se debe a sí misma un debate amplio y sincero sobre la necesidad de apoyar una reforma de la Ley de Derechos de Autor que incluya excepciones y limitaciones para educación.

¿Cuáles son las limitaciones y excepciones que deberían ser incluídas en el art. 45 de la Ley 9.739?

A continuación proponemos algunas que merecen ser debatidas.

En el ámbito de la Educación:

  • Posibilidad de la efectuar copias de todo tipo de materiales para fines académicos.
  • Acceso y uso de obras audiovisuales con fines de enseñanza.
  • Digitalización de obras para su uso en educación online.
  • Transmisión digital de obras a efecto de la educación online.
  • Obtención de copias y posibilidad de traducción de revistas científicas.

En el ámbito de la Investigación:

  • Acceso a los resultados de investigaciones pagadas con recursos públicos.
  • Acceso a información científica contenida en solicitudes de patentes.
  • Difusión de las tesis o monografías de grado.
  • Acceso a bases de datos de carácter científico.

¡Bienvenido sea el debate!

Prohibido estudiar

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Foto: Inés Guimaraens en El País

Esta mañana la Dirección de Crimen Organizado de la Policía allanó las fotocopiadoras de la Galería Montecarlo, en las que los estudiantes de la Facultad de Derecho acceden a diario a los materiales de estudio. El operativo fue por una denuncia de la Fundación de Cultura Universitaria, editorial que desde hace varios años se encuentra en una especie de cruzada contra las fotocopiadoras de la zona.

Cabe destacar que se trató de un operativo fuertemente teatral, conducido por personal de Interpol, que acabó con la detención de 32 personas, muchas de las cuales son los empleados de las fotocopiadoras.

El delito del que se acusa a los detenidos es el de infracción a la ley de derecho de autor. Esta ley criminaliza una de las prácticas más corrientes de los estudiantes, docentes y centros de estudios de nuestro país, sin la cual sería extremadamente difícil acceder a los materiales de estudio. Fotocopiar materiales restringidos por derechos de autor es en Uruguay un delito penal, sea con o sin fines de lucro, sean obras enteras o meros fragmentos. Además, también es delito escanear textos, descargar documentos en pdf o imprimir materiales restringidos por derechos de autor.

En numerosos países existen excepciones al derecho de autor que admiten las copias de materiales restringidos cuando estas copias se realizan con propósitos educativos. En Uruguay estas excepciones no existen. Por esta y otras razones, es urgente una reforma de nuestra ley de derechos de autor que se adapte a los tiempos en que vivimos y que no criminalice a la población.

Lo más llamativo es que la denuncia proviene de la Fundación de Cultura Universitaria, editorial cuya misión declarada es la de “difundir las ciencias jurídicas y sociales y la cultura en general, mediante publicaciones u otro medio adecuado a tal finalidad, tendiendo, en especial, al abaratamiento del material bibliográfico de uso estudiantil”. Sin embargo, los precios de su catálogo no se condicen con este objetivo, llegando a ofrecer libros impresos por hasta 2500 pesos y libros digitales (cuyo costo de reproducción se reduce a cero) por hasta 1200 pesos. Así, la FCU ocupa una posición dominante en la edición de libros que son indispensables para los estudiantes universitarios y, debido a su política de precios, fomenta que los estudiantes recurran a las fotocopias para poder estudiar.

En el Movimiento Derecho a la Cultura estamos convencidos de que es hora de detener esta absurda batalla contra la circulación de la cultura. La actuación policial, que incluyó el arresto de decenas de personas y la incautación de fotocopias y fotocopiadoras, implica una utilización excesiva y desproporcionada de los recursos estatales y tiene como resultado directo la criminalización de una actividad socializante y necesaria para nuestros estudiantes.

Como parte de nuestra agenda positiva, proponemos que existan excepciones sólidas para usos educativos en la ley de derechos de autor. Además, es necesario promover decididas políticas de acceso a los materiales de estudio, para que su costo no recaiga sobre el sector más débil de la cadena editorial: los propios estudiantes.