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Sobre el acuerdo Google-ANEP-Ceibal y sus diferentes dimensiones
Publicado en https://nogoogleappsedenuy.wordpress.com/2015/07/30/mas-sobre-el-acuerdo-google-anep-ceibal/
Después de varias semanas de debate público sobre el acuerdo Google-ANEP-Ceibal, en el que nuestro colectivo recabó más de 300 adhesiones, logramos que se pusiera a consideración una alternativa a este acuerdo para proveer a los docentes y estudiantes del Plan Ceibal, correo electrónico y herramientas de colaboración análogas a las que se proponían en el acuerdo con Google, pero sin sus inconvenientes. Llegamos entonces al punto de poder buscar, como sociedad, una propuesta superadora.
Si bien el presidente del Plan Ceibal, Ing. Miguel Brechner, no ha aportado información clara acerca de si el acuerdo con Google fue descartado definitivamente o no, lo cierto es que autoridades de UdelaR y de Antel, con el apoyo explícito de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, han decidido desarrollar una alternativa local para proveer herramientas al Plan Ceibal que mejoren la educación a través de las TIC. Esta nueva iniciativa se comenzaría a discutir en la reactivada Comisión Ceibal, en la que se reúnen distintos organismos públicos para apoyar al Plan Ceibal e incidir en su mejor desarrollo. Celebramos estos pasos como excelentes noticias.
A lo largo de estas semanas de debate nos hemos encontrado con personas sinceramente contrariadas ante lo que consideran la posible pérdida de una oportunidad de mejorar la educación con herramientas TIC. Queremos en este nuevo comunicado llegar a esta parte de la opinión pública para ayudar a entender qué promovemos y a qué nos oponemos, desde cuatro puntos de vista: desde el punto de vista de la protección de datos de los estudiantes, desde el punto de vista de las mejoras en las tecnologías educativas, desde el punto de vista del gasto público y de los hogares, y desde el punto de vista del desarrollo tecnológico soberano.
La protección de datos de los estudiantes: Google y su modelo de negocios
El acuerdo Google-ANEP-Ceibal es perjudicial para la protección de datos de los alumnos y docentes del sistema educativo. El informe elaborado por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de AGESIC acerca del tema se limita a explicar el “compromiso” que asume Google respecto del uso de los datos personales de los usuarios. En otras palabras, simplemente analiza la legalidad los términos y condiciones del servicio impuestos por Google. Pero no dice nada sobre cómo y dónde reclamar si un usuario uruguayo es violentado en su derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales. Y ese es, de hecho, el principal problema: si Google incumple el contrato (algo que ya hizo en diversas oportunidades en otros países), el derrotero para acceder a la justicia se convierte en una verdadera pesadilla, dado que todos los datos se encuentran alojados bajo jurisdicción extranjera. Este problema es bien conocido, entre otros, por las autoridades europeas del área de protección de datos, quienes, con mucha dificultad y casi sin éxito, le han exigido en numerosas ocasiones a Google que solucione los problemas de protección de datos que comprometen la privacidad de sus ciudadanos. Imaginemos lo poco que podrá lograr un usuario común que pretenda proteger su privacidad, y mucho menos, un niño o un adolescente.
Google es una empresa que vive literalmente de violentar la privacidad. Su modelo de negocios consiste en acceder a todos los datos de sus usuarios, de la forma más exhaustiva posible, para vender publicidad segmentada. Su política de privacidad está unificada para una amplia gama de servicios y le permite recabar y combinar datos de dichos servicios para conformar detallados perfiles de sus usuarios con el fin de optimizar su mercado de publicidad personalizada. Si bien la empresa afirma que en su versión educativa no se muestra publicidad, esto no quiere decir que no recabará y procesará los datos de los docentes y estudiantes para mostrarles publicidad en otros servicios de Google, como por ejemplo, el buscador o YouTube. De hecho, esto ocurrió y fue admitido por abogados de Google en una demanda ganada por estudiantes universitarios en EEUU el año pasado.
En otras palabras, no es la protección de la privacidad sino la explotación comercial de los datos personales lo que está en la misma esencia del diseño de Google. No se trata de un aspecto colateral, sino que es parte fundamental del modelo de negocios de la compañía. Es por ese motivo que, por mencionar un ejemplo, en el Houston Independent School District de EE.UU. (con 210.000 niños usando el modelo 1 a 1), las autoridades decidieron utilizar otro producto, rechazando el que ofrecía Google, por ser esta una empresa cuyo modelo de negocios se centra en el data mining.
Por todo lo anterior, no queremos que la educación uruguaya adopte institucionalmente los servicios de un proveedor que tiene como base de su modelo de negocios el rastreo de las comunicaciones personales. Es inaceptable que las autoridades de protección de datos de nuestro país no exijan ningún mecanismo efectivo para controlar y sancionar a Google en caso de un incumplimiento de su “compromiso” de no violar la privacidad de los usuarios del Plan Ceibal. Lo que el sistema educativo uruguayo necesita son servicios no intrusivos, que no recopilen datos personales, excepto los mínimamente necesarios para su funcionamiento, y en ese caso cumpliendo a cabalidad con la legislación vigente (Ley 18.331, entre otras). Claramente, estos servicios no los puede brindar una empresa que se dedica a todo lo contrario: recabar y examinar todo lo que los usuarios hacen en Internet.
Las políticas de tecnología educativa: todo bajo el control de uno solo
La polémica que se desató tiene otro eje en el control que ejercerá Google como proveedor de tecnología educativa en caso de que se ponga en marcha el acuerdo. Basta con acceder a la web corporativa del programa Google for Education para comprobar que se trata de una plataforma que ofrece todos los servicios bajo el control de Google: herramientas de comunicación y productividad, aplicaciones educativas e incluso dispositivos. Las cuentas gratuitas que provee Google al sector educativo son, casualmente, imprescindibles para el siguiente paso: el acceso a las aplicaciones y contenidos educativos de Google Play for Education, paso en el cual el Ing. Brechner admitió que se estaba avanzando. Y el uso de las aplicaciones y contenidos de Google Play for Education solamente es posible con laptops y tablets de Google.
Del comunicado del Plan Ceibal del 22 de julio se desprende que la variedad de proveedores y la diversidad de propuestas y soluciones han sido hasta ahora saludables para Ceibal. Pero el acuerdo Google-ANEP-Ceibal nos genera un justificado temor por el viraje hacia un modelo de plataforma centralizada, controlado por un monopolio extranjero. ¿Cuánta flexibilidad y autonomía conservarían Ceibal y el sistema educativo uruguayo a la hora de decidir sobre las tecnologías educativas? El riesgo patente en el acuerdo con Google es que el Plan Ceibal quede reducido a un mero intermediario institucional entre los 700.000 usuarios del sistema educativo y Google. Y los planes comerciales explícitos del programa Google for Education en el mundo, no son otros.
Por lo tanto, lo que no queremos es que el futuro del Plan Ceibal dependa de una plataforma única, centralizada y excluyente, que bloquee la diversidad necesaria para su sustentabilidad. Se debe evitar que Ceibal comience a transitar el camino hacia la dependencia de un único proveedor para todos sus servicios. Proponemos que se mantenga la apertura y pluralidad de opciones para definir qué tecnologías educativas se van a implementar. La mayor apertura y pluralidad se basan, entre otras cosas, en el software libre y en la web abierta, que permiten a la comunidad y a las autoridades educativas seleccionar, desarrollar e implementar las tecnologías que mejor se adapten a las necesidades de la educación pública. Tal apertura no sería posible con plataformas monopólicas que unifican cuentas de usuarios, aplicaciones y dispositivos bajo el dominio de una corporación multinacional.
El gasto del Estado y de las familias: un regalo con costos ocultos
A diferencia de lo que afirma el presidente del Plan Ceibal, el acuerdo Google-ANEP-Ceibal no es gratuito para el país. Para que todos los alumnos y docentes de la educación pública y privada de Uruguay accedan a estos servicios “ilimitados” alojados fuera del territorio nacional, Antel debe proveerles a todos esos usuarios la conexión con servidores ubicados en el exterior. Esto implica para la empresa telefónica estatal, contratar los servicios de los carriers internacionales que facturan por tráfico. El precio del tráfico internacional lo impone un mercado oligopólico, siendo mucho más alto que el del tráfico nacional, el cual es un parámetro que fija un ente público en función de nuestra estrategia de inversión y desarrollo como país. Que cientos de miles de nuevos usuarios de Google utilicen servicios y carguen sus documentos, imágenes y videos en servidores fuera del país supondrá gastos recurrentes de tráfico internacional que no pueden tomarse a la ligera.
Menos aún puede ignorarse que, si a raíz de este primer acuerdo, se avanza hacia la incorporación de las aplicaciones educativas de Google Play for Education, tal como ya dijimos que adelantó el mismo Brechner, se estaría optando por aplicaciones incompatibles con las ceibalitas actuales, exigiendo el uso de las computadoras Chromebook, diseñadas también por Google. El reemplazo de las máquinas implicará un nuevo gasto no previsto al firmar el acuerdo supuestamente gratuito.
Por otra parte, existen costos importantes que se trasladan a los usuarios de menos recursos. Nos referimos a aquellas familias que utilizan Antel Universal Hogares, el servicio de conectividad de 1 Gigabyte por mes ofrecido gratuitamente por el Estado uruguayo a todos los hogares con contrato de telefonía fija. Mientras que Antel no computa en los planes Universal Hogares el tráfico educativo a dominios .edu.uy (como por ejemplo el tráfico que se establece al utilizar la Biblioteca Digital Ceibal), el tráfico generado en los servicios de Google tendría que ser computado al no poder ser diferenciado. De esta manera, una vez superado el límite mensual de 1 Gigabyte, los usuarios deberán pagar por el tráfico generado al realizar sus tareas educativas.
En síntesis, el “regalo” de Google tiene en realidad costos ocultos que pagaríamos todos los uruguayos.
Mientras tanto, la inversión tecnológica que viene haciendo Uruguay desde hace años permite perfectamente considerar que una “nube” educativa puede ser provista en territorio nacional por Antel. La empresa de telecomunicaciones estatal se ha encargado aceleradamente del tendido de fibra óptica, cuenta con dos importantes datacenters nacionales y viene mejorando notablemente su paquete de servicios Vera, ofreciendo desde hace meses una casilla de correo electrónico con funcionalidades y capacidad análogas a las que ofrece Gmail. Creemos que no se puede sencillamente desconocer estos avances en telecomunicaciones, dando por sentado que una megacorporación extranjera es la única capaz de brindar el servicio de tecnología educativa que se requiere.
Por lo tanto, para analizar el acuerdo Google-ANEP-Ceibal, es necesario considerar el gasto público real que genera, y no descartar las capacidades nacionales de proveer servicios educativos en la nube a partir de la infraestructura que hoy ya está disponible en Uruguay. Esto nos lleva al siguiente punto, uno de los más importantes.
Las políticas de desarrollo tecnológico: no hace falta reinventar la rueda
Con las XO y otras ceibalitas, cada niño y niña tiene una computadora en clase y en su casa. Estamos dando un valor enorme a las tecnologías en la educación. Estamos forjando en las nuevas generaciones las capacidades para el desarrollo en el área de las TIC. Y sin embargo, cuando necesitamos una herramienta tan básica como el correo electrónico, el Ing. Brechner no confía en las capacidades nacionales ya existentes y en desarrollo, no escucha a las personas e instituciones que le ofrecen soluciones locales, y procede directamente aceptando las promociones comerciales de una corporación monopólica estadounidense. Creemos que esta es una actitud sumamente derrotista: significa ir en contra de la apuesta por un sector productivo TIC generador de trabajo y oportunidades para las generaciones que hoy se forman con Ceibal.
Contar con un webmail y una suite de colaboración online, gratuitos y de calidad, basados en software libre y alojados en territorio nacional bajo las leyes nacionales, sería un adelanto no solamente para los usuarios de Ceibal, sino también para las empresas, las instituciones y la ciudadanía en general. Este servicio ya está siendo provisto por Antel. Sin dudas puede mejorarse y adaptarse a las necesidades del sistema educativo, pero únicamente se podrá llevar a un nivel de excelencia si se apuesta por su continuo desarrollo.
En definitiva, lo que promovemos es un esfuerzo conjunto de Antel, la UdelaR y el Plan Ceibal para hacer de estos servicios una alternativa real que satisfaga la demanda del sistema educativo uruguayo. No es necesario reinventar la rueda y empezar de cero. Lo que es necesario es articular y desarrollar de forma coordinada las herramientas, capacidades e infraestructuras que ya existen.
Google nos regala un servicio del que solamente podemos decidir entre tomarlo o dejarlo. Este “regalo” no incluye la transferencia tecnológica indispensable para que nos apropiemos de la tecnología y del conocimiento acumulado. En cambio, nosotros queremos que nuestro sistema educativo apueste por tecnologías que habiliten el desarrollo tecnológico nacional.
Todos sabemos que a veces hay “regalos” que es mejor no aceptar, y el acuerdo Google-ANEP-Ceibal es uno de ellos.
Declaración sobre el acuerdo de ANEP y Ceibal con Google
Como docentes, investigadores y profesionales dedicados a la Educación y la Tecnología, ciudadanas y ciudadanos uruguayos, queremos manifestar públicamente nuestra preocupación sobre el acuerdo promovido desde el Plan Ceibal y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que posibilitaría el uso de sistemas de comunicación y almacenamiento ofrecidos por la empresa Google a estudiantes y docentes del Sistema Educativo Uruguayo, tanto público como privado.
A través de este acuerdo, la ANEP y Ceibal promueven que la información personal que se genera en el uso de estas herramientas por parte de profesores, estudiantes, jóvenes y niños, quede almacenada en servidores que están fuera del Uruguay y en la órbita legal de los EEUU, fuera de la Jurisdicción Nacional y de la competencia de nuestros jueces.
La revelación de la vigilancia generalizada en Internet llevó al estado uruguayo a asegurarse que la Administración Pública utilice únicamente recursos informáticos soberanos, situados en el territorio nacional. Así como el decreto 92/014 considera las comunicaciones del Estado central dignas de protección, nosotros consideramos que los mismos derechos deberían ser extendidos, por parte de las autoridades de toda la Educación Pública, a quienes estudian y trabajan en ella.
Hasta el momento no existe información clara, ofrecida institucionalmente a la ciudadanía, respecto a:
1- cómo se tomó la decisión;
2- qué políticas educativas y tecnológicas justifican esta decisión;
3- quiénes participaron de la toma de decisión;
4- en qué órganos de gobierno fue refrendado;
5- cuáles son los alcances del acuerdo;
6- cuáles son las etapas y compromisos que involucra a corto y mediano plazo, desde el punto de vista institucional, pedagógico, económico y tecnológico;
7- cuáles son las políticas respecto a la privacidad de los datos personales, y en particular de los datos sensibles, que se han tomado para preservar la integridad de los usuarios.
La falta de claridad en cuanto a los fundamentos pedagógicos de la decisión genera serias dudas respecto a los supuestos beneficios que el uso del sistema de comunicación y almacenamiento de Google aportará al Sistema Educativo.
Estos beneficios no son evidentes en lo que respecta a lo estrictamente educativo. Según declaraciones del Presidente de ANEP, Prof. Wilson Netto, con esta iniciativa se “están explorando nuevas formas de construir aprendizajes”, haciendo hincapié en que los servicios contratados no tendrán costo para el Estado ni para los usuarios (1). No parece sin embargo bien fundamentado el uso de las herramientas de correo y almacenamiento en nube de Google como tecnologías educativas, ya que de por sí no lo son.
Por otra parte, de acuerdo a la noticia compartida en la página del Plan Ceibal, el acuerdo incluiría también el acceso a contenidos educativos de la tienda on-line Google Play for Education (2). Las aplicaciones educativas de dicha tienda de Google sólo pueden ser instaladas en dispositivos comercializados o autorizados por Google (3). ¿Cómo se podrá acceder a los contenidos de Google Play for Education desde los dispositivos que Ceibal ha distribuido hasta ahora?
Los beneficios para el país no quedan claros, pero sí pueden identificarse los beneficios que este acuerdo le aporta a la estrategia comercial de Google. Es conocido que el modelo de negocio de Google se basa en la entrega de servicios gratuitos a cambio de datos que serán usados para generar perfiles de usuario de forma automatizada y, en base a cada perfil, ofrecer publicidad de diferentes formas.
Google ha enfrentado en los últimos años numerosas demandas en los Estados Unidos por violación de leyes federales (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) que involucran la privacidad de los estudiantes usuarios de la plataforma Google Apps for Education. En particular se constató que la mencionada empresa procesaba los correos electrónicos de los estudiantes, para luego ofrecerles publicidad personalizada (4), pese a que esta funcionalidad estaba deshabilitada en la mencionada plataforma.
Eric Schmidt, presidente de Google, declaraba: «Si haces algo que no quieres que nadie sepa, quizás ante todo no tendrías que estarlo haciendo» (5), equiparando así el ejercicio de la privacidad con una presunción de culpabilidad. Nos parece importante romper con la lógica de lo impuesto, de que la privacidad no es un bien, del “yo no tengo nada que esconder”. Es deber del Estado no sólo defender este valor, sino también educar en las consecuencias del uso de las tecnologías. El Presidente del Plan Ceibal, Ing. Miguel Brechner, ha manifestado públicamente su desconocimiento respecto al uso que Google hará de todos los datos que generen los usuarios y de cuáles serán las garantías que esta empresa brindará al cúmulo de datos personales de nuestros estudiantes y docentes (6). Hacemos particular énfasis en lo preocupante de estas declaraciones, provenientes de un jerarca del gobierno y referente en temas tecnológicos.
El Ing. Brechner argumenta que la adopción de las herramientas de Google será un acto voluntario de los usuarios (7), y con este argumento parece eximir de responsabilidad institucional en los alcances de este acuerdo al Plan Ceibal y a la ANEP. Aunque desconocemos los términos y condiciones negociados en este caso particular, sabemos que la forma de operar usual de Google consiste en que cada usuario deba aceptar un contrato de adhesión, que Google se reserva el derecho de modificar, y que no es negociable. Esto dejaría a los usuarios a merced de las condiciones que imponga la empresa, y a Ceibal y ANEP en el rol de simple intermediario técnico.
Resulta evidente que no es lo mismo el uso individual de las herramientas de Google que su impulso a nivel institucional y estatal. En este caso estamos ante un acuerdo que propicia el uso de las herramientas de Google en el sistema educativo de todo un país. Pretender que el uso o no del servicio, la aceptación o no de las condiciones del mismo, es un acto voluntario del niño o de sus padres es una falacia y una renuncia del Estado a asumir sus responsabilidades respecto a las herramientas que promociona, en particular en términos de autodeterminación informativa y, por ende, de garantías a los ciudadanos.
En lugar de destinar recursos para impulsar el desarrollo local de un sistema contextualizado a las reales necesidades de nuestra educación -definidas por expertos en pedagogía- con almacenamiento de los datos en territorio uruguayo y bajo la protección de las leyes de nuestro país, preservando la privacidad de los usuarios, se opta por una solución engañosamente rápida y gratuita en términos monetarios, que tiene como resultado la cesión de los datos de los usuarios a una empresa multinacional. Nos preguntamos, por lo tanto, si existen en realidad políticas definidas en términos de educación y soberanía tecnológica.
Desde el Plan Ceibal las cuestiones de selección de herramientas tecnológicas se han tratado desde una visión pretendidamente “neutra”. Sin embargo, la tecnología no es neutra; implica una elección de principios y tiene consecuencias que van más allá de su funcionalidad o gratuidad. Creemos que llegó la hora de pensar el tema desde una concepción de políticas institucionales de Estado o, cuando menos, a nivel de la Educación Pública, con énfasis en educación, soberanía tecnológica y el cuidado de los datos.
Mientras tanto, resulta imprescindible que exista una discusión pública sobre las siguientes preguntas: ¿Se ha estudiado la posibilidad de utilizar, extender o construir una plataforma nacional o regional que provea servicios similares?, ¿la ANEP tendrá control sobre el uso de los contenidos y datos alojados en la plataforma de Google Apps for Education?, ¿cuáles son los beneficios que el uso de los servicios de Google aportarán al Sistema Educativo?, ¿es posible auditar a Google?, ¿existe riesgo de que este acuerdo derive en que las políticas tecnológicas de nuestro Sistema Educativo se hagan dependientes de Google, desde las herramientas de comunicación hasta las aplicaciones educativas y las laptops?, ¿qué políticas de inclusión de tecnología en educación queremos implementar a nivel país?, ¿quién debe decidir estas cuestiones?
Dejamos planteadas todas estas preguntas, esperamos que se reconsidere la decisión tomada y solicitamos que se habilite una instancia de discusión del tema a nivel institucional y ciudadano.
Más de 300 personas y 14 organizaciones apoyan esta iniciativa.
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CITAS:
Derecho a la cultura 