Declaración de Richard Stallman sobre el caso del semanario El Eco

Richard Stallman 2005 (chrys)

Desde Derecho a la Cultura contactamos a Richard Stallman, fundador y principal referente del movimiento de software libre en el mundo, para ponerlo en conocimiento del caso del semanario El Eco de Colonia, en el que la jueza María Alexandra Facal ordenó la incautación de los equipos informáticos del semanario El Eco por presunto uso de programas de computación sin licencia, violando la libertad de expresión de los trabajadores de prensa. A continuación transcribimos la declaración de Richard Stallman al respecto:


“Las leyes especiales para castigar a los usuarios de copias no autorizadas de los programas privativos son injustas porque aumentan la injusticia de un programa privativo. La raíz de esta injusticia es el hecho de hacerlo privativo, y su culpable es el propietario del programa.

Un software privativo es injusto porque somete a sus usuarios al poder de su propietario. Las copias autorizadas son injustas, y las copias no autorizadas son también injustas aunque un poquito menos. El único camino a la libertad es no usar el programa privativo. Entonces el estado debería adoptar políticas (como las de http://gnu.org/philosophy/government-free-software.es.html) para llevar a la gente a cesarlo.

Entonces, ¡ayuden a ese periódico a escaparse de Windows!”


Agradecemos las palabras de Richard Stallman, que refrendan una vez más la importancia del software libre para la libertad de expresión.

Medida judicial “antipiratería” amenaza la libertad de expresión

El pasado miércoles 18 de febrero la jueza penal María Alexandra Facal ordenó la incautación de los equipos informáticos del semanario El Eco de Colonia.

La incautación se ordenó como parte de una denuncia iniciada en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería del Uruguay. Dicha denuncia, realizada por el supuesto uso de software privativo sin licencia, derivó en un proceso de conciliación judicial que estaba en marcha en el momento de la intempestiva medida judicial.

La acción de la Justicia es particularmente grave porque viola la libertad de expresión de un medio de prensa. La incautación de los equipos que gestionaban los trabajadores de prensa amenaza seriamente la actividad normal del periódico.

El 19 de febrero, el sindicato de trabajadores de prensa y otras organizaciones sociales realizaron una declaración pública en contra de la medida judicial, reclamando por la violación a la libertad de expresión. Medios de prensa de todo el país apoyaron la declaración y repudiaron la medida judicial.

Este caso pone nuevamente de relieve que el uso de software libre es fundamental para la libertad de todas las personas, pero es especialmente importante para los trabajadores de prensa, ya que lo que está en juego aquí es el derecho a la libertad de información. Por el contrario, el software privativo amenaza libertades esenciales.

La repudiable medida judicial adoptada por la jueza Facal se apoya en la ley de derecho de autor de Uruguay, la cual establece severas sanciones penales por el uso de cualquier tipo de obra autoral sin licencia, incluyendo el software. Este tipo de uso y de intercambio es algo que casi todas las personas hacen todos los días. Por lo tanto, existe una fuerte necesidad social de establecer una reforma del derecho de autor que elimine la posibilidad de nuevas arbitrariedades semejantes. En octubre de 2013 la aplicación de la misma ley derivó en el cierre de las fotocopiadoras cercanas a la Facultad de Derecho, amenazando el derecho a la educación de los estudiantes universitarios. Una ley que pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la educación, es una ley que hay que modificar urgentemente.

Del Cuarteto Zitarrosa a Jaime Roots: el derecho de autor y las marcas como instrumentos de censura

Todos los autores somos iguales pero algunos son más iguales que otros. Esa es la conclusión que parece desprenderse del reciente episodio en el que el grupo Jaime Roots debió cambiar su nombre por J.R. tras la exigencia de los abogados de Jaime Roos.

Según una nota publicada en Montevideo Portal el 8 de septiembre, abogados del ícono de la canción popular le exigieron a los Jaime Roots que cambiaran el nombre del grupo, apelando a que Roos tiene registrado su apellido como marca.

Mientras que una lectura superficial puede llevarnos a ver el caso como una anécdota desafortunada, un análisis más profundo pone de relieve el uso de las marcas y el derecho de autor como mecanismo de censura.

Roos™

El objetivo principal de las marcas es que los usuarios puedan identificar los productos o servicios y hacer una elección informada sobre lo que adquieren. La regulación de marcas, por lo tanto, debería servir únicamente para proteger al consumidor de posibles engaños, defraudaciones o estafas. Existe un acuerdo básico a nivel social acerca de que es beneficioso penalizar los engaños al consumidor y las prácticas comerciales que puedan llevar a confusión.

Sin embargo, este no es el rol que actualmente están cumpliendo las marcas en muchísimos casos. Por el contrario, las marcas se han ido convirtiendo poco a poco en herramientas de apropiación de imaginarios sociales, de bloqueo de la competencia, de criminalización de trabajadores informales y, en casos como el de Jaime Roots, en una herramienta de censura.

Como ha explicado Juan, miembro del grupo que ahora se llama J.R., a Montevideo Portal, el uso del nombre Jaime Roots estaba muy lejos de tener como objetivo confundir a la audiencia, haciéndose pasar por Jaime Roos para vender más discos o tener más público en los toques.

Muy por el contrario, Jaime Roots es un proyecto artístico basado en el remix. El remix consiste en la modificación o recombinación de elementos preexistentes para generar nuevos significados. No es una técnica artística novedosa. Por el contrario, se remonta al menos hasta principios del siglo XX con los ready made de Marcel Duchamp y los collages de Picasso, Braque y Ernst. Más específicamente en el área de la música, la técnica del sampleo tiene más de 40 años. Es decir que no podemos excusar a los abogados de Roos diciendo que actuaron por desconocimiento de una moda nueva.

Según Juan de J.R / Jaime Roots, “mi herramienta no es la guitarra o el piano sino la bandeja de vinilos. Lo que hago yo, el concepto que desarrollo, es el de samplear, porque me interesa resignificar las cosas, y no solo la música (…) Se me ocurrió para cerrar el concepto utilizar un ícono de la cultura uruguaya y resignificarlo, agregarle una t, cambiarle el nombre y de esa forma que quede expuesta en el nombre la intención de la banda”.

Teniendo en cuenta esta realidad, cabe preguntarnos en qué lugar queda la libertad de expresión cuando se hace uso de una marca registrada para impedir una transformación creativa de un símbolo popular.

En 2003, en un incidente con varios paralelismos, fueron los herederos de Zitarrosa quienes obligaron al Cuarteto Zitarrosa a cambiar su nombre y dejar de tocar las canciones de Don Alfredo, apelando a la marca registrada “Zitarrosa” y a la titularidad heredada de los derechos de autor sobre las obras. En aquel momento, los músicos del Cuarteto presentaron un recurso de amparo por “su derecho al trabajo, libre comunicación y expresión artística, asociación con fines culturales o económicos, participación de la vida cultural de la comunidad, desarrollo cultural, identidad personal histórica y cultural”. El recurso no prosperó y los músicos sufrieron las consecuencias, viéndose obligados a cambiar su nombre y su repertorio simplemente porque no les caían bien a los herederos de Zitarrosa.

Curiosamente, en aquel momento Mauricio Ubal se expresó a favor de los miembros del Cuarteto, afirmando que la obra de Zitarrosa es “patrimonio cultural nacional”. Estas opiniones tuvieron lugar un año antes de que Ubal fuera nombrado presidente de la Cámara Uruguaya del Disco, donde luego se transformaría en uno de los principales impulsores del dominio privado y los derechos exclusivos sobre las obras artísticas. Sin embargo, en aquel momento Ubal estaba en una situación muy distinta, dado que se aprestaba a producir un disco del Cuarteto para el sello Ayuí.

Los botijas las aprenden aunque los quieran parar

Las marcas no son las únicas herramientas de apropiación privada de bienes simbólicos que se han utilizado para frenar la creatividad, silenciar voces y discursos, e impedir la circulación de obras. El derecho de autor es quizás la herramienta más utilizada en la actualidad para este tipo de censura. Más allá de los géneros y técnicas del arte, la recombinación de imágenes, sonidos y palabras de la cultura popular para expresar sentimientos e ideas, es una práctica habitual para la mayoría de los jóvenes en la web. Con la masificación de los dispositivos digitales e Internet, la práctica del remix se volvió una de las principales formas de expresión de los jóvenes. Lo grave es que, en simultáneo a esta explosión de creatividad, cotidianamente miles de personas ven cómo sus remixes de videos son retirados de Youtube, sus remezclas de canciones son retiradas de Soundcloud o sus collages de imágenes son retirados de Flickr.

Lo importante es notar que, en todos estos casos, los afectados no son solo quienes buscan acceder al entretenimiento y a la cultura que producen otros. Por el contrario, dado que las principales formas de expresión en Internet son la remezcla creativa, el meme, la cita, el sampleo, el mashup y el collage, cada vez que se bloquea y se reprime estas prácticas estamos ante un posible ataque a la libertad de expresión. El enfrentamiento ya no es el de los autores contra los consumidores. Más bien, se trata del ataque agresivo de una vieja camada de autores (y en algunos casos, de sus herederos), que bloquea la expresión y la creatividad de una nueva generación de autores.

Un hecho muy sintomático de esta situación se dio en 2009, con el libro del concurso “Historietas J. C. Onetti”, organizado por el Ministerio de Educación y Cultura. El libro contenía adaptaciones de los cuentos de Onetti a historieta. Luego de la presentación del libro, se informó a los autores que se habían impreso solo unos pocos ejemplares, y que, por orden de la agencia literaria de Onetti, no habría reimpresión. Sin mayores argumentos, los herederos del escritor se habían opuesto a cualquier otra autorización. La razón más firme que llegó a oídos de los autores fue una supuesta frase de la viuda del escritor: “A Onetti no le gustaban las historietas”.

Teniendo en cuenta que el libro se agotó durante su misma presentación y que las reimpresiones no estaban autorizadas, el historietista Alejandro Rodríguez Juele, autor de una de las adaptaciones, consultó si podía publicar su historieta en su blog personal. Según sus propias palabras, “cometí el error de preguntar y, previa consulta a los abogados, se me informó que no tenía autorización para difundirla por otro medio que no fuera el libro. Nunca.”

La necesidad de un cambio

Tanto el caso de Jaime Roots como el del Cuarteto Zitarrosa y el de las historietas de Onetti son ejemplos claros de ataques a la libertad de expresión por medio de herramientas de apropiación privada del patrimonio cultural.

Cabe resaltar que en ninguno de estos casos, como en muchísimos otros que suceden todos los días, estaba en juego un potencial perjuicio a los titulares de derechos que ejercieron la censura. Más aun, tampoco estaba en juego aquí el reclamo por el pago de royalties o porcentajes de las ventas. Todo lo contrario: fueron decisiones arbitrarias que se ejercieron por el mero hecho de tener el monopolio sobre un bien simbólico y poder decidir sobre él a su capricho.

Vale reflexionar, por lo tanto, acerca de los límites que es necesario poner al derecho de autor y otras herramientas legales como las marcas, para que no afecten derechos esenciales que hacen a una sociedad democrática, ya sea el derecho a la libertad de expresión y a la creación cultural, como el derecho de acceso a la cultura, del cual hablamos en muchos otros posts de este blog.

Declaración sobre el proyecto de ley de Delitos Informáticos

Junto con otras organizaciones sociales de nuestro país, desde Derecho a la Cultura adherimos a la siguiente declaración sobre el proyecto de ley de Delitos Informáticos.


 

Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos saber nuestra preocupación respecto al proyecto de ley sobre delitos informáticos, remitido por la Presidencia de la República al Parlamento el pasado 30 de mayo. El proyecto vulnera libertades civiles, tipifica como penales acciones legítimas de los usuarios de productos y sistemas informáticos, y crea tipos penales abiertos, cuya definición tan amplia limita las actividades del sector de la economía informática en el país.

Concordamos con la preocupación de establecer un marco de derecho en el uso de los sistemas informáticos y de comunicación, que permita resguardar a los ciudadanos, al Estado y a las empresas, y a los datos de estos. Sin embargo, el espíritu estrictamente punitivo del proyecto limita el ejercicio positivo de numerosos derechos humanos, como la libertad de expresión. La vía penal debe ser considerada el último recurso y ajustarse al estado de derecho, respetando principios tales como la definición clara del bien jurídico a proteger y del tipo penal, y el respeto a la proporcionalidad de la pena. La redacción actual del proyecto, con definiciones amplias, vagas y, en muchos casos, erróneas y redundantes, incumple estos principios.

El artículo 2, al penalizar indiscriminadamente cualquier acceso no autorizado a datos, llevaría a criminalizar acciones que responden a un interés superior, tales como la revelación de actividades criminales o lesivas de derechos humanos.

El artículo 3, al definir de manera tan amplia un daño informático, convierte potencialmente en delito acciones que constituyen un derecho propio de los usuarios y consumidores. El desbloqueo o la adaptación de los sistemas que vienen con los distintos dispositivos electrónicos (celulares, computadoras, tablets), por ejemplo, son acciones legítimas y necesarias para eludir las medidas técnicas de restricción que algunos industriales incluyen en sus productos. Estas medidas técnicas lesionan doctrinas jurídicas consagradas, tales como la doctrina de la primera venta, y derechos tales como el acceso a la cultura, por ejemplo, al incluir restricciones técnicas sobre obras digitales que ya se encuentran en el dominio público. También pueden causar diversos perjuicios como la obsolescencia programada o la imposibilidad de reemplazar el firmware que viene incluido por software libre, el cual hoy es reconocido de interés general por la ley 19.179, en consonancia con varias declaraciones de autoridades democráticas nacionales, regionales e internacionales. Las formas abusivas de estas medidas tecnológicas son variadas y constituye un derecho legítimo de los usuarios el eludirlas. Con la definición propuesta de “sistema informático”, el mero hecho de abrir un lavarropas para repararlo constituiría un “daño informático”. Bastaría que la empresa fabricante de lavarropas declarara que está prohibido abrirlo para que se configurara el tipo penal establecido.

En su artículo 5 la norma establecería el delito de suplantación de identidad, el cual, tal como está definido, representa una potencial amenaza para la libertad de expresión, particularmente a través de las redes sociales. Debido a la amplitud de la redacción, sería posible argumentar que quien utilice una identidad ficticia para hacer una parodia (aun cuando la persona aludida se encuentre fallecida) estaría potencialmente cometiendo el delito de suplantación de identidad. Esto representa un claro problema para la libertad de expresión en los medios digitales, dado que se estarían criminalizando prácticas que pueden ser legítimas, como el anonimato, lo cual podría ser utilizado para amedrentar a quienes ejercen su voz a través de diversos medios digitales.

En todos estos delitos, se pretendería criminalizar un mero acto técnico sobre datos, lo que no es en sí ni bueno ni malo. Si está bien o mal depende de qué son esos datos y qué se hace con ellos. Es un disparate pretender buscar delito (o moralidad) intrínseca a un mero acto de proceso informacional, que a priori es totalmente neutro. Conviene legislar y juzgar sobre el fondo, no sobre la forma.

A su vez, el proyecto establece una serie de delitos, como la estafa, que ya se encuentran regulados en nuestro ordenamiento jurídico. El hecho de que estos delitos se den en contextos mediados por tecnologías de la información no modifica el concepto de los delitos en sí mismos. Esta duplicación no respeta las diferencias sustanciales que existen entre establecer penas diferenciadas cuando concurren circunstancias agravantes, y crear tipos penales basados en el medio de comisión del delito. En todo caso, si se considerara que la utilización de medios informáticos es un agravante de la estafa, debería agregarse al delito ya tipificado y no como parte de un tipo penal nuevo.

Cabe destacar, además, que más allá de la amplia o pobre definición de las actividades supuestamente delictivas, las penas previstas en el proyecto de ley son de una naturaleza exacerbada en función del supuesto daño que se comete. Cuando se tipifican nuevos delitos, estos deben estar definidos de forma específica conforme a los principios básicos del Derecho Penal en Uruguay.

Por último, la protección de datos personales (artículo 6) ya es objeto de una ley específica, la ley 18.331. Cualquier modificación en ese sentido debería ser incluido en concordancia con lo establecido en dicha ley, a los efectos de preservar la integralidad de una norma más amplia, que no tiene un enfoque solamente punitivo sino que establece derechos, garantías y obligaciones en materia del tratamiento de datos sensibles y datos personales.

Por todo esto, consideramos que el proyecto necesita ser discutido de manera pública, para avanzar hacia un marco regulatorio que garantice la vigencia de los derechos humanos en la era digital, contemplando no solo los posibles delitos que se puedan cometer, sino también los derechos a proteger. Se deben resguardar a los ciudadanos y al Estado de los abusos de las corporaciones multinacionales cuyo modelo de negocios se basa en el tráfico de datos e información, y establecer equidad en el desarrollo de la economía digital. Esto implica la construcción de un marco regulatorio positivo que proteja garantías constitucionales, tales como la libertad de expresión, antes que la penalización indiscriminada de conductas que, en principio, podrían ser consideradas legítimas. La construcción de un marco regulatorio de estas características debe ser objeto de una amplia discusión pública.

Es necesario regular sobre aspectos claves de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que han sido largamente descuidados, tales como la neutralidad de la red, limitación de responsabilidad para los intermediarios, protección de la privacidad de los usuarios de Internet, y un marco de protección para el ejercicio de derechos humanos consagrados en múltiples declaraciones, tales como la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a la privacidad, y el acceso a la cultura. A nivel regional, un ejemplo de esto ha sido la reciente aprobación en Brasil de la ley de Marco Civil de Internet, cuya redacción fue producto de un amplio debate ciudadano.

Tomando en cuenta el contexto nacional y regional, los aquí firmantes consideramos necesario llevar adelante un proceso de discusión y construcción de un marco integral para la protección de los derechos humanos en la era digital. Creemos que la instancia abierta por la presentación de este proyecto por el Poder Ejecutivo constituye un legítimo interés en la temática, y es una excelente oportunidad para dar un debate amplio hacia un marco integral de protección de los derechos humanos en contextos mediados por nuevas tecnologías.

Instituciones que adhieren a la declaración:

Expresaron su adhesión a una primera versión de la declaración y están estudiando la presente:

Firmá esta declaración en Change.org

 

Jérémie Zimmermann en Uruguay: Tecnologías que controlan, tecnologías que liberan

Este viernes 23 de mayo, a partir de las 18 hs en el Faro (Julio Herrera y Reissig, entre la Cancha y la Facultad de Ingeniería), tendrá lugar una charla / encuentro con Jérémie Zimmermann. El tema será: “Tecnologías que controlan, tecnologías que liberan”.

Jérémie Zimmermann es uno de los activistas más destacados en Europa en torno a los derechos digitales y la cultura libre. Es portavoz de La Quadrature du Net, colectivo de defensa de las libertades en Internet y los derechos digitales, que ha actuado contra la censura de Internet, por la neutralidad de la red. Plantean un conjunto de propuestas sobre: derechos humanos en la era digital, acceso a una Internet libre y abierta, compartir cultura y conocimiento; así como un conjunto de propuestas de reforma al derecho de autor y políticas culturales. La Quadrature du Net fue una de las organizaciones que ofreció mayor resistencia a la ley HADOPI, en Francia, y en conjunto con otras organizaciones de Europa contribuyeron al rechazo del ACTA en el Parlamento Europeo. En 2012, la Electronic Frontier Foundation premió a Jérémie en los Pioneer Awards.

Este viernes 23 de mayo, a partir de las 18.00 hs, Jérémie dará la charla “Tecnologías que controlan, tecnologías que liberan”, en el Faro de Ingeniería. La actividad se realiza en el marco de la preparación al VII Congreso Latinoamericano de Ingeniería (CLI), a realizarse el 29, 30 y 31 de Agosto en Río Cuarto, Córdoba.

El encuentro con Jérémie será una charla y un intercambio en un ambiente cordial, compartiendo una cerveza, en el Faro. ¡Lxs esperamos! ¡Pasen la voz!

Organizan CEI y Derecho a la Cultura

Librería digital de IMPO para estudiantes universitarios: ¿un modelo sostenible?

El pasado 10 de marzo la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) lanzó un sitio web para la venta de libros académicos en formato digital. La iniciativa, surgida a través de un acuerdo con la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), se presentó como una solución a las dificultades en el acceso a materiales de estudio en nuestro país. Este problema se había hecho visible en la opinión pública tras los allanamientos masivos a locales de fotocopias en octubre de 2013.

Hasta el momento la plataforma del IMPO cuenta con poco más de 30 libros de dos de las cinco carreras de la Facultad de Derecho. Los responsables del proyecto informan que se incorporarán más libros en el futuro, pero por el momento, parece exagerado afirmar que ha llegado la alternativa que sustituirá a las fotocopias. Resulta de todos modos bienvenida la preocupación del IMPO por buscar una solución para los estudiantes. Es, en todo caso, una buena señal el reconocimiento de que si queremos solucionar el acceso a los materiales de estudio debemos abordar el tema desde las políticas públicas.

Por tanto, conviene analizar la iniciativa de la librería digital en profundidad para identificar los aspectos positivos y aquellos que son claramente mejorables.

Materiales más baratos, aunque limitados

Lo primero que cabe destacar es la notable reducción en los precios que se ha conseguido con la iniciativa. Mientras que los textos digitales superan con frecuencia los 1000 pesos en el sitio web de la Fundación de Cultura Universitaria, en la actualidad la librería digital del IMPO ofrece la mayoría de los libros digitales a no más de 300 pesos. Así, el costo que paga el alumno se aproxima al de las fotocopias.

Esta reducción en los precios se hizo con costos para el IMPO. Como ya dijimos, la iniciativa surge a través de un convenio con la FCU, la misma editorial que el año pasado estuvo involucrada en la crisis de acceso a materiales de estudio, por ser la entidad que inició las demandas penales contra las fotocopiadoras. Para que la FCU estuviera de acuerdo en bajar los hasta entonces altísimos precios de los libros digitales, el IMPO se hizo cargo del costoso software provisto por la multinacional Adobe, que ofrece a los estudiantes los libros con un sistema de restricciones que fue necesario implementar.

A pesar de las evidentes ventajas que trae la reducción de los precios para los alumnos, si pensamos esta iniciativa en términos de su alcance o cobertura, debemos reconocer sus limitaciones. Es extremadamente difícil que bajo esta modalidad llegue a estar disponible una proporción considerable de los libros nacionales e importados necesarios para cubrir la currícula de todas las carreras de grado y posgrado en la Educación Superior. Haría falta gestionar los permisos libro a libro y editorial a editorial, con cada uno de los tenedores de los derechos.

Una solución adecuada debería tener como horizonte factible la provisión de un acceso más generalizado al abanico de textos necesarios para los estudiantes universitarios, teniendo en cuenta la libertad de cátedra a la hora de definir la bibliografía. Por esta razón, sigue siendo indispensable legalizar las copias de materiales cuando se realizan con fines educativos, para contemplar la enorme cantidad de materiales que no están ni podrán estar en la librería del IMPO.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que los libros que la FCU publica muchas veces son financiados con fondos de la UdelaR, o son elaborados por docentes de la Universidad en el marco de su actividad docente. Este tipo de contenido podría ser publicado con una licencia que permitiera el uso libre si la Universidad así lo decidiera, dado que, de acuerdo con la Ordenanza de Propiedad Intelectual de la UdelaR, los derechos patrimoniales de autor en estos casos corresponden a la Universidad.

Problemas para los usuarios

Analicemos la iniciativa desde el punto de vista del usuario. El IMPO ha elegido la suite Adobe Digital Editions para brindar su servicio de venta de libros. El estudiante compra un archivo que puede descargar hasta en 6 dispositivos. También puede subrayarlo y anotarlo digitalmente, aunque no puede imprimirlo ni copiarlo. Tomando en cuenta las costumbres en el uso y apropiación de los libros académicos por parte de los estudiantes, cabe preguntarse: ¿Cómo estudian nuestros estudiantes? ¿Cuáles son sus preferencias? De acuerdo a los resultados de un estudio efectuado por docentes de la UdelaR para el Proyecto LATIn, el estudiante universitario uruguayo prefiere estudiar en textos en formato físico. Esto podría deberse a la falta de formación en el manejo de herramientas de uso de libros digitales, entre otros factores. Pero los jóvenes que compren los libros ofrecidos por el IMPO no podrán elegir el formato que se adapte a su perfil y necesidades para apropiarse del texto. Este no es un aspecto menor y puede conspirar contra el éxito de la iniciativa.

Los libros pueden descargarse y leerse en Windows, Mac OS y Android, pero Adobe Digital Editions no brinda soporte para el sistema operativo libre GNU/Linux. Así, mientras el Estado Uruguayo hace un esfuerzo enorme para dotar a cada estudiante de Primaria y Secundaria con una computadora portátil con este sistema operativo, cuando los estudiantes ingresan a la Universidad los dispositivos recibidos no les servirán para descargar los libros que un organismo público como el IMPO ofrece a un precio más accesible que el del mercado.

En suma, la iniciativa del IMPO demuestra la voluntad de atender el grave problema en el acceso a los materiales de estudio, pero la solución que se ha encontrado es parcial, restringida, presenta problemas serios para el acceso y es contradictoria con otras políticas públicas.

Cuestión de modelos

Pero los problemas derivados del software y los formatos elegidos no son culpa de una decisión técnica equivocada por parte de los funcionarios del IMPO. Por el contrario, se trata de un asunto mucho más político que técnico, y tiene que ver con el destructivo modelo de negocio al que la industria editorial uruguaya se aferra con uñas y dientes. En otras palabras, la única manera en que el IMPO y otros organismos públicos han podido firmar contratos con las principales editoriales del país ha sido mediante la utilización de medidas tecnológicas de restricción. Estas medidas tienen como objetivo impedir que los usuarios puedan realizar acciones tan naturales como hacer copias para uso personal o imprimir los textos. Lo mismo ocurre con los materiales de la biblioteca del Plan Ceibal, llamada “Baúl de libros”, la cual implementa medidas restrictivas similares aunque no idénticas.

En ambos casos, organismos públicos realizan un gasto muy importante con el objetivo de bajar el precio de los textos para los alumnos, sin modificar el modelo de negocios de las editoriales. Es que las editoriales ocupan en este terreno una posición privilegiada, al tener en su poder los derechos de la mayoría de los materiales que necesitan los alumnos. El poder de negociación de las editoriales es alto dado que tienen un público cautivo como el estudiantil al que se le encarga la lectura obligatoria de los textos, y poseen, al mismo tiempo, el monopolio de explotación de dichas obras. En una posición monopólica como la descripta, las editoriales pueden fijar en teoría el precio que deseen. El factor que en las últimas décadas ha impedido que esto condujera a una crisis insostenible es la piratería. Según el estudio del Proyecto LATIn, más del 60% de los materiales que utilizan los alumnos en el nivel terciario es fotocopiado. Los allanamientos masivos de octubre de 2013 hicieron explotar el equilibrio precario que las fotocopias traían al ecosistema del libro académico.

En resumen, todo parece indicar que la apuesta de las editoriales es alentar la incertidumbre a través de la represión del fotocopiado y de otros medios de acceso informal. Una crisis en el acceso en los materiales de estudio les ha permitido negociar en una posición ventajosa contratos con los organismos públicos. Los estudiantes reclaman soluciones urgentes, que el Estado en principio solo puede atender sentándose a negociar con los dueños de los derechos.

Alentar la represión y presionar al Estado es, en definitiva, la doble estrategia de una industria que ve amenazado su modelo de negocios porque no se ha podido adaptar al avance de los medios técnicos que permiten democratizar la cultura. Las instituciones públicas, así, pasan a ser el sostén principal de una industria editorial en decadencia que se rehúsa a revisar sus esquemas.

Hasta aquí hemos analizado varios problemas de este modelo en el cual el Estado sostiene a una industria deficitaria: los materiales llegan a cuentagotas y con restricciones severas para los usuarios. Pero el problema más grave es que se trata de un modelo insostenible. Ante la demanda en aumento de los estudiantes, los organismos públicos realizan un gasto constante y creciente con el objetivo de facilitar el acceso a los materiales que se encuentran en poder de las editoriales, objetivo que nunca llega a alcanzarse del todo. Este gasto creciente, factible hasta cierto punto en épocas de bonanza económica, tiene necesariamente un techo y no es sostenible en circunstancias de restricciones presupuestales.

Alternativas

Logotipo_Global_Recursos_Educacionais_Abiertos_(REA)_blanco_y_negro.svgPero no todo es negro en el horizonte. Mientras que en Uruguay el Estado está tardando en visualizar alternativas superadoras, en el resto del mundo es cada vez mayor el impulso y la adopción de los modelos de Recursos Educativos Abiertos (REA) para la publicación de materiales educativos, y de Acceso Abierto para las publicaciones científicas.

La principal alternativa al modelo privativo es el fortalecimiento y la difusión del modelo de Recursos Educativos Abiertos para toda la educación pública, siguiendo las recomendaciones de la Declaración de París de la UNESCO referente al gasto público en materiales educativos. Este modelo logra aumentar tanto el acceso a materiales como la eficiencia en el gasto público reduciendo los costos hasta en un 80%.

Al igual que en el modelo privativo, en el modelo de Recursos Educativos Abiertos los organismos públicos son por lo general unos de los principales financiadores. Sin embargo, el ahorro se genera gracias a que los materiales son de libre acceso y reutilización. Esto significa que una vez que el texto es producido y que los autores y editores son remunerados por su trabajo, el material queda a disposición de toda la sociedad sin restricciones. El resultado más evidente es el ahorro para los alumnos. Pero al mismo tiempo se produce un ahorro en el gasto público total, a causa de una mayor eficiencia en la asignación de los recursos. Los gastos públicos subsiguientes en materiales educativos se destinan a actualizar y mejorar los materiales existentes, o a crear nuevos materiales, en lugar de renovar onerosas licencias, una y otra vez, para mantener una colección mínima, como sucede hoy.

Pero el fomento de los Recursos Educativos Abiertos no es todo. Debe ir acompañado de una política pública integral sobre el acceso a bienes culturales que incluya los siguientes principios y soluciones:

– Las obras financiadas por el Estado deben ser de acceso libre para toda la ciudadanía.

– Las obras creadas por funcionarios de entes públicos en el marco de su relación laboral con el Estado deben licenciarse de forma abierta.

Los principios anteriores derivan de que la sociedad ya pagó por la creación de dichos materiales a través de sus impuestos. Lo que es pagado por todos debe ser accesible para todos. Los ciudadanos no deben pagar dos veces por el mismo bien cultural.

Por otra parte, la relegada red de Bibliotecas Públicas tendría un papel mucho más importante en el acceso democrático a los bienes culturales si existiera la autorización y el estímulo para la digitalización de los libros que se encuentran en su acervo. Para que esto sea posible, es necesaria la incorporación de excepciones para bibliotecas en la ley de Derecho de Autor, como ocurre en la mayoría de los países del mundo. Este tipo de excepciones, junto con la legalización de las copias de obras con fines de educación y, más en general, la legalización del intercambio sin fines comerciales de obras culturales, es un requisito imprescindible para aspirar a una verdadera democratización de nuestra educación y de nuestra cultura.

 

Este texto fue escrito por el Movimiento Derecho a la Cultura y se publicó inicialmente en el sitio Open Business Latin America & Caribbean.

Más y mejores derechos: acceso a la educación, a la cultura y al conocimiento

A fines de 2013 el Centro de Estudiantes de Derecho entregó al vicepresidente Danilo Astori un anteproyecto de ley apoyado por más de diez mil firmas de todo el país. El anteproyecto establece una excepción al derecho de autor para la reproducción parcial de obras cuando se realice con fines educativos. La norma busca garantizar el derecho de acceder a materiales de estudio, el cual se ve menoscabado por la actual ley 9.739.

firmas-materiales-de-estudioAdemás, el anteproyecto incluye excepciones al derecho de autor para bibliotecas. Estas excepciones buscan garantizar la legalidad del trabajo de los bibliotecarios, dado que la ley de derecho de autor actual condena a la ilegalidad muchas de las tareas cotidianas de los bibliotecarios y pone barreras a varias de las funciones establecidas en la ley de Bibliotecas Públicas. Por último, el proyecto instaura la denominada libertad de panorama, establece la legalidad de la copia para uso personal y elimina las sanciones penales para las infracciones al derecho de autor que se realicen sin fines de lucro. Estas modificaciones están respaldadas por abundante legislación comparada y se encuentran dentro del marco de los tratados internacionales firmados por Uruguay, incluyendo el acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de Berna.

Astori derivó el anteproyecto a la comisión de Educación y Cultura del Senado. Sin embargo, hasta el momento el anteproyecto no ha pasado a ser formalmente un proyecto de ley porque requiere que al menos un legislador lo firme, lo que aun no ha sucedido.

Ante esta situación, es ilustrativo mirar lo que está ocurriendo en América Latina en la materia. Tras largas décadas en las que se aumentaron las restricciones hasta niveles que ponían en peligro el derecho a la educación y la libertad de expresión, en los últimos tiempos presenciamos una tendencia en varios países a volver a aplicar el sentido común en las legislaciones de derecho de autor, equilibrando los derechos de los autores, editores y usuarios.

En el nuevo Código Penal de Ecuador, aprobado a principios de este año, se derogaron todas las sanciones penales de la ley de propiedad intelectual, por lo cual las infracciones a los derechos de autor, patentes, obtenciones vegetales, marcas y otras áreas relacionadas, no recibirán castigo penal sino sanción civil.

El nuevo Código Penal de Ecuador se encuentra accesible en este enlace. Como puede leerse en la página 327, disposición vigésimo segunda, se derogan todos los artículos del capítulo de delitos y penas de la ley.

wikicoescComplementariamente, el gobierno de Ecuador lanzó el 28 de febrero una Wiki abierta a la ciudadanía para redactar el nuevo Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento. Este nuevo código reemplazará a la ley de propiedad intelectual, convirtiéndose en el primer marco regulatorio del conocimiento en el mundo basado en el principio fundamental del libre acceso al conocimiento. El borrador inicial de Código Orgánico contiene innovaciones legislativas importantes. Entre ellas:

- Los derechos de propiedad intelectual están sujetos al cumplimiento de su función social y al interés público.

- Se reducen los plazos de restricción desde 70 hasta 50 años post mortem. Se establecen regímenes separados para fotografías y artes aplicadas (25 años desde la realización o publicación de la obra) y las obras audiovisuales (50 años desde la divulgación de la obra).

- Se establece el derecho de uso justo.

- Se habilita la disposición de obras a través de Internet con fines de investigación y educación, sin fines comerciales.

- Se habilita la cita, la parodia y el pastiche.

- Se reconoce el software libre y las licencias libres en general.

- Se establece la obligación de que el Estado use software libre.

- Se prohíbe que los proveedores impongan a los usuarios la compra de equipos electrónicos con software privativo sin ofrecer alternativas libres a dicho software.

- Se brindan amplias garantías a las instituciones de enseñanza y a las bibliotecas para que puedan cumplir su función social sin riesgos legales.

- Se establece la posibilidad de que el organismo estatal de derechos de autor fije licencias obligatorias para evitar que los titulares de derechos impidan la circulación del conocimiento.

Por otra parte, en Argentina se presentó hace algunas semanas el proyecto del nuevo Código Penal. En él, se eliminan las sanciones penales para las infracciones al derecho de autor sin fines de lucro, tal como se explica en las páginas 227 y 228 del proyecto.

Además, Argentina aprobó a fines de 2013 una ley de libre acceso a la investigación científica financiada con fondos públicos, por la cual será obligatoria la publicación de todas las investigaciones en repositorios abiertos y de acceso libre.

Uruguay, sin dudas, es parte de esta nueva tendencia regional en favor de la democratización del conocimiento. El 18 de diciembre de 2013 se aprobó la ley de software libre y formatos abiertos en el Estado, la cual establece que el Estado debe usar software libre en todas las situaciones en que sea posible, y debe publicar toda información en formatos abiertos. Cabe esperar que la reglamentación de la ley se dé en los plazos previstos y que mantenga intactos los principios y el espíritu de la ley.

Los logros mencionados demuestran que es posible dar pasos firmes hacia una democratización radical de la cultura y el conocimiento, y que América Latina es tal vez un lugar privilegiado para encabezar dichas reformas a nivel mundial.

Por esta razón, esperamos que nuestro Parlamento impulse el anteproyecto de ley presentado por el Centro de Estudiantes de Derecho, el cual, como ya dijimos, tiene el apoyo de más de diez mil firmas de todo el país. Este proyecto será sin dudas un punto de partida en nuestro país para comenzar los cambios más que necesarios a una ley de derechos de autor hiperprivatista, anacrónica y dañina. Porque la regulación del conocimiento debe estar al servicio del disfrute y el progreso de la sociedad, y no al servicio de los intereses particulares de corporaciones privadas.

sumarinformeEsto último es también lo que se deduce de las conclusiones de las conferencias ciudadanas Sumar, sobre derechos de autor y acceso a la cultura, que se llevaron a cabo en noviembre del año pasado en nuestro país. En base a los elementos aportados por expertos e instituciones del país y del exterior en la temática, el panel de ciudadanos, entre otras cosas:

- Subraya la necesidad de cambiar la ley de derechos de autor, jerarquizar el derecho de acceso a la cultura y acrecentar el dominio público.

- Recomienda reemplazar el Consejo de Derechos de Autor por una institución que tenga entre sus fines promover el acceso a la cultura.

- Le pide al Estado y a privados que imaginen y alienten nuevos modos de retribución al autor no vinculados a regalías por derechos de autor.

- Aconseja que se alienten modos de edición y publicación que faciliten la circulación de las obras.

- Exhorta a que las obras financiadas por el Estado sean puestas a disposición de modo gratuito.

- Llama a establecer excepciones al derecho de autor para copias privadas y para copias con fines educativos.

- Menciona la necesidad de políticas para el acceso a todas las obras en los lugares donde el mercado no llega.

- Pide que no paguen regalías el mayor conjunto posible de obras del dominio público o cuyos derechos sean del Estado. En otras palabras, pide que se restrinja o elimine el dominio público pagante.

- Exige garantizar el acceso a obras en formatos accesibles para personas con discapacidad.

- Llama a que las bibliotecas públicas tengan un rol activo en la difusión de todas las obras.

- Recomienda políticas culturales ligadas a políticas sociales, como por ejemplo tarjetas o canastas básicas de consumo cultural.

En definitiva, el informe final de las conferencias ciudadanas Sumar es contundente en favor de una reforma importante al derecho de autor y de políticas que garanticen el acceso democrático a la cultura en nuestro país.

Ahora es responsabilidad del Parlamento y del Poder Ejecutivo escuchar las demandas de la ciudadanía y acompañar las reformas que se están dando en la región. Porque la agenda de más y mejores derechos incluye necesariamente el acceso real de la ciudadanía a la educación, a la cultura y al conocimiento.